Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Desafortunadamente hemos caído en la trampa de las narrativas distractoras para que perdamos la concentración sobre lo importante y dediquemos nuestras fuerzas a lo inocuo. Como en el célebre relato de la mitología griega, en que Ulises es tentado por el canto irresistible de las sirenas, el actual Gobierno, en medio del debate electoral, ha iniciado una campaña a favor de una Asamblea Nacional Constituyente de contenido incierto, que pone en riesgo el orden institucional y la estabilidad económica del país. Aunque por trámites y tiempos es inviable su realización, pretenden ponernos a discutir sobre un imposible, para evitar que se les reclame por el mal gobierno, impidiendo que esto afecte negativamente a su candidato.
Han creado una narrativa donde se hace indispensable la necesidad de una Constituyente, mediante la cual se podrán solucionar, como por arte de magia, la corrupción, la inseguridad y los graves problemas económicos y sociales; una especie de panacea que supuestamente pondrá fin a todos los males que aquejan a Colombia.
Cuando se abre una caja de Pandora como esta, uno sabe cómo inicia pero no cómo termina. Ciertamente, una Asamblea Constituyente ostenta el poder originario del pueblo, el “constituyente primario», por lo cual no está subordinada a los poderes públicos existentes. Puede disolver el Congreso, intervenir el poder judicial o alterar las reglas electorales para permitir, por ejemplo, la integración de las cortes por voto popular o la reelección indefinida del presidente de la República. De esta manera, lo que se ofrece bajo el ropaje de democracia directa puede terminar en una peligrosa concentración de poderes, y en una ruptura del equilibrio institucional contraria al espíritu republicano y la verdadera democracia.
El marco normativo fundamental de nuestra carta política está basado en el sistema de pesos y contrapesos y en el modelo de Estado Social de Derecho, el cual prioriza la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el particular.
No podemos permitir culpar a la Constitución por la mala gestión y resultados gubernamentales, y mucho menos cambiarla según el capricho del gobernante de turno. Todo para volver a incorporar de manera soterrada el articulito de la reelección presidencial ilimitada, que es su real propósito para convertirnos en una dictadura disfrazada de democracia.
No es moralmente ético ni técnico implosionar una gran Constitución como la del 91. Por esto, para defendernos de las tentaciones de los cantos de sirena populistas y dictatoriales, tendremos que hacer como Ulises en “La Odisea”, amarrarnos al mástil de la institucionalidad haciendo respetar los límites establecidos en la propia Constitución.
¡Lo que funciona no se cambia, se protege!
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