“Cualquier operador podría cambiar las reglas del juego”, dijo Cataldo, CEO de Tigo

Operadores dicen que si el gobierno acepta la renuncia de Partners, la compañía debería devolver todo el espectro y no solo a una de las asignaciones.

La subasta del espectro, realizada el pasado 20 de diciembre, fue uno de los procesos más esperados por los operadores móviles y el Gobierno, pues permitiría a las compañías prestar un mejor servicio a los colombianos. A pesar de eso, se ha convertido en un tema polémico, pues luego de la subasta, Partners, inversionistas detrás del operador WOM en Chile, presentó una solicitud al Ministerio TIC para que se les permita renunciar a uno de los bloques de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz, por el que ofreció más de $1,7 billones (unas 10 veces el valor), aludiendo un error en la oferta.

LOS CONTRASTES

NATALIA GUERRA

DIR. RELACIONES INSTITUCIONALES, FUND. Y REGULACIÓN DE TELEFÓNICA MOVISTAR

“Aceptar la renuncia de Partners al bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz sería un mal precedente para lo que sigue en la subasta de 5G porque no habría seguridad sobre el proceso”.

Ante esta solicitud, los operadores que ya cuentan con presencia en el país han mostrado su descontento. La más reciente fue la carta de Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, dirigida al Ministerio en la que expresa que en caso de querer renunciar a uno de los bloques, el fondo de inversión debería renunciar a todo lo que se le adjudicó, pues “durante el proceso y los entrenamientos el ministerio fue muy claro, además, nosotros preguntamos ‘¿qué pasa si me equivoco en el monto?’, y dijeron que el monto es vinculante y lo tienen que cumplir, eso está grabado, no entiendo por qué ahora el Gobierno buscaría una salida de una devolución parcial”.

Argumento con el que Natalia Guerra , directora de Relaciones institucionales, fundación y regulación de Telefónica Movistar, quien además pidió al Ministerio garantizar las condiciones de la subasta, “porque en ninguna parte estaba prevista la opción de retirarse y si así hubiera sido la estrategia de todos los operadores hubieran sido distinta a la que presentaron”.

Cataldo también explicó que “si el Gobierno acepta la devolución del espectro que se le asignó a Partners en la subasta nos afectaría porque esto significaría que cualquier operador puede cambiar las reglas del juego, entonces yo también podría hacerlo y pedirle al Gobierno algún descuento o retractarme de mi oferta”.

Por su parte, Guerra expresó una preocupación de lo que podría significar esta decisión, pues se establecería un mal precedente para lo que sigue de la subasta de 5G, ya que “no habría seguridad o garantías sobre cómo será el proceso”.

Además resaltó que en el caso de Telefónica la empresa se vio perjudicada. “Nos afectó porque al mirar cada una de las ofertas que hicimos, primero intentamos ir por la banda de 700 MHz, cuando vimos que era el momento de optar por la de 2.500 MHz, ya Partners había sido ganador en la segunda secuencia y si compro un bloque de 10 MHz, necesito tener capacidad de mínimo 30 MHz, es necesario ir por los otros dos bloques”.

Por otro lado, Cataldo advirtió que cometer un error era algo difícil, porque había muchos pasos de comprobación, y agregó que “ellos aducen un supuesto error, pero según la bitácora del proceso, a las 11:41 a.m. y a las 12:30 p.m. metieron la oferta, primero para la ronda preliminar y después para ganarse el bloque, y al terminar el proceso firmaron el acta de cierre final de la subasta donde quedó el valor”.

Tigo solicitó la devolución de espectro de UNE en banda de 2.500 MHz
Dentro del documento dirigido al Ministerio de las TIC, el presidente de Tigo pidió que se le hiciera la reintegración de los 50 MHz en la banda de 2.500 MHz que tuvieron que devolver al momento de integrar Colombia Móvil con UNE, pues hasta la fecha no se le ha reconocido el valor pagado por el uso de ese espectro en proporción al tiempo que no pudo usarlo o explotarlo, pues este hace parte del espectro que Partners planea devolver, “solicitando que de esa renuncia no se desprenda ninguna consecuencia jurídica adversa”, afirmó en la carta.

Laura Neira Marciales

La República