Buscan reprogramar deuda para pago de subsidios eléctricos y de gas

Esperan liberar cerca de $3 billones por una reprogramación de la deuda total de la Nación, que asciende a $59,2 billones.


La ponencia va a proponer reestructurar las vigencias futuras porque hay una cantidad de dinero de obras que no están en ejecución y que se encuentran congeladas. Archivo El Espectador

Con una recomposición de la deuda, los autores de la ponencia del Presupuesto General para 2020 buscan garantizar los recursos para el pago de los subsidios eléctricos y de gas que favorece a por lo menos 11,5 millones de personas de los estratos de menores ingresos de la población.

En esa reprogramación de las obligaciones del Estado se incluyeron $800.000 millones para el pago del programa Familias en Acción. Para los subsidios de los servicios públicos se garantizan $1,2 billones en total.

Con la reprogramacion de la deuda y la recomposición de las partidas presupuestales, se liberan $5,2 billones según explicó el congresista del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez.

Inicialmente, el Gobierno presupuestó para pago de subsidios cerca de $819.600 millones. Presentaba un hueco cercano a los $1,2 billones, según los gremios del sector eléctrico.

Pérez explicó que esos $5,2 billones provienen de una fuente de reacomodo del Presupuesto General para 2020, aforado en $271,7 billones. Pero el mayor monto se libera del servicio de la deuda que podría ser de $3 billones y, más o menos, $1 billón de gastos de operación comercial que da un espacio en el presupuesto.

Los recursos quedarían repartidos así: $1,2 billones para educación, cifra similar a la que podría recibir el programa Familias en Acción; $600.000 millones para el Ministerio de Transporte y unos $100.000 millones para el ministerio de Ambiente. Los organismos de control tendrán otros $285.000 millones; la Rama Judicial $100.000 millones y el Ministerio de Hacienda $450.000 millones.

Pérez señaló que para los subsidios se adicionan otros $285.000 millones para el ministerio de Minas y Energía, que garantiza el pago de lo que es la materia presupuestal.

La ponencia va a proponer reestructurar las vigencias futuras porque hay una cantidad de dinero de obras que no están en ejecución y que se encuentran congeladas. Ahí se van a liberar otros recursos importantes que también llegarían al sector de infraestructura, que quedaría con $400.000 millones adicionles, señaló el representante de Cambio Radical.

Los recursos se adicionarán al presupuesto de inversión, que está en un poco más de $40 billones. David Barguil, del Partido Conservador, sostuvo que se aumentará en algunos sectores recursos que requieren las regiones. «Los recursos de inversión generan crecimiento económico e impulsan proyectos regionales», dijo el senador.

El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez sostuvo que todavía se afina la ponencia que debe estar lista y aprobada la próxima semana. Dijo que se discute una propocision que contempla la eliminación del Fondo de Adaptación, que, entre otras cosas, contrató la construcción del puente Hisguara. El argumento principal para liquidar el Fondo es la duplicidad de funciones porque hay muchas entidades del Gobierno hablando de obras públicas.

Tomado de El Espectador