- Aunque el propósito declarado del Gobierno nacional con la Resolución CRA 1032 que adopta el nuevo marco era reducir las tarifas, la actualización de los costos de referencia —que pasan de valores de 2014 a precios de 2024 y 2025— sumada a nuevas exigencias obligatorias, implica que, en la práctica, las tarifas tenderán a subir.
- Andesco presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra un marco tarifario —hecho sin precedentes en el sector— al encontrar que el texto expedido por la CRA no coincide con el que fue sometido a participación ciudadana, los ajustados tiempos para su implementación que no reconocen la realidad operativa de las empresas y el impacto que una aplicación apresurada tendrá sobre los usuarios.
- La demanda solicita una medida cautelar urgente para suspender la entrada en vigencia del nuevo marco mientras el alto tribunal decide de fondo sobre la nulidad.
Hoy entra en vigencia el nuevo Marco Tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026. Desde el gremio respaldamos la necesidad de actualizar la metodología, pero advertimos que su implementación, en los términos en que se dio, compromete la seguridad jurídica del sector y la sostenibilidad de los servicios.
«Hoy empieza la crónica de una muerte anunciada. Tuvimos que demandar un marco tarifario en este país, y lo hacemos porque aquí no se trata de si Colombia necesita una reforma, sino de cómo se implementa: sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos», afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
El Gobierno ha planteado el nuevo marco como una herramienta para reducir las tarifas de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, según el análisis de Andesco, el efecto real será el contrario: las empresas venían operando con una estructura de costos de referencia de 2014, y el nuevo marco obliga a recalcularlas con precios de 2024 y 2025, lo que de por sí implica un ajuste al alza.
A esto se suman las nuevas exigencias obligatorias —inversiones ambientales, gestión del riesgo y un estricto estándar de pérdidas de máximo 4 metros cúbicos por suscriptor al mes— y la inclusión, desde enero, de planes de sostenibilidad, de obras e inversiones y reducción de pérdidas. La combinación de estos factores, advierte el gremio, hará que las tarifas suban, no que bajen en la mayoría de los casos. Es importante indicar que el cálculo de la tarifa dependerá de los costos de operación de cada empresa, que debe tener en cuenta tanto el número de suscriptores como la región donde opera, entre otros aspectos.
El nuevo marco introduce estándares y obligaciones que antes no existían, cuyo cumplimiento exige esfuerzos e inversiones adicionales por parte de los prestadores. Para el gremio, poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas no es un efecto colateral menor: compromete, a mediano y largo plazo, la calidad y continuidad del servicio para millones de usuarios.
El gremio ha explicado que el nuevo marco no genera un ajuste único: mientras el cargo fijo tiende a ser más estable, el cargo por consumo puede variar año a año por el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), la entrada y salida de activos y el recálculo anual del componente de inversión. Esto significa que las tarifas podrán presentar aumentos y reducciones sucesivas que no necesariamente reflejan cambios en la eficiencia o en la calidad del servicio prestado. El nuevo marco, mediante la Resolución CRA 1032, aplica predominantemente a los cascos urbanos.
El motivo central de la demanda ante el Consejo de Estado es que el plazo de implementación fijado por la CRA es insuficiente para garantizar una adecuada aplicación del nuevo marco tarifario, y que durante todo el proceso de expedición se vulneraron las garantías de participación ciudadana. Muestra de ello es que el texto definitivo de la Resolución CRA 1032 no coincide con el proyecto que fue puesto a consideración de prestadores, usuarios, municipios y demás interesados, incorporando cambios que nunca fueron evaluados ni discutidos con el sector. Para Andesco, estas irregularidades comprometen la seguridad jurídica tanto de los usuarios como de las empresas prestadoras.
A esto se suma que el plazo de implementación fue de apenas tres meses, cuando los marcos tarifarios anteriores contaron con transiciones de entre nueve meses y un año. Para el gremio, los incrementos que puedan presentarse no obedecen a decisiones discrecionales de las empresas, sino al resultado de una metodología definida por el propio regulador; de hecho, varias empresas han optado por no aplicar el tope tarifario que permite el marco, teniendo en cuenta que aún faltan ajustes tarifarios que entrarán en vigencia el próximo año con el fin de proteger a sus usuarios y sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera.
Andesco insiste en que sus acciones legales no buscan eliminar el nuevo marco tarifario, sino garantizar una implementación ordenada, con seguridad jurídica, reglas claras y tiempo suficiente: tarifas construidas con rigor para los usuarios, condiciones claras para que los prestadores cumplan sus obligaciones sin comprometer su suficiencia financiera, y un ajuste oportuno por parte del regulador que evite litigiosidad e inseguridad para todo el sector.
