Con esta reforma, los únicos que deben tener miedo son los corruptos.
Carlos Felipe Córdoba
Leí con atención el editorial de EL TIEMPO del pasado 15 de septiembre titulado ‘Un cheque en blanco’, en el cual se plantean algunas preocupaciones con respecto al proyecto de acto legislativo de control fiscal aprobado hace pocos días. Antes que nada, quisiera decir que la motivación de dicho proyecto fue el clima de malestar público por los crecientes casos de corrupción que a diario denuncian los medios de comunicación. El mensaje recurrente es que los corruptos siempre ganan en un escenario donde las instituciones gritan y manotean infructuosamente mientras los recursos de los colombianos se pierden en medio de la indignación pública.
La Contraloría General está cansada de denunciar sin consecuencia y sin capacidad de recuperar los dineros defraudados, en la medida en que son los corruptos los que mejor conocen los tiempos y las facultades de los que tenemos la misión de vigilarlos. Es como si un atracador supiera con certeza no solo cuándo va a llegar la policía, sino que, además, se le diera un tiempo prudencial para esconder lo hurtado antes de ser requisado.
La Contraloría entera se jugó a fondo para sacar ese proyecto, que nos dará mejores tiempos, competencias y poderes para vigilar los recursos públicos. No en vano, los 8 sindicatos de la entidad acompañaron los debates llevando argumentos, despejando dudas y compartiendo experiencias. En ese propósito nos acompañaron centrales obreras de la importancia de la CUT y la CGT.
Por su parte, el Poder Legislativo quiso mandar un mensaje de voluntad política, y así lo hizo. Luego de la multitudinaria consulta anticorrupción y de los inconvenientes en la implementación de los proyectos derivados de esa consulta, era importante enviar un mensaje de unión en contra de este flagelo, y con este acto legislativo se envió. El proyecto se movió con celeridad porque no perdimos ni un minuto. La eficiencia con la que se hizo es fruto de un Congreso consciente de que el país exige resultados oportunos y efectivos. Y eso es lo que vamos a dar: resultados.
Vamos a tener mayores responsabilidades, y las vamos a asumir en forma técnica, mesurada y con un equipo de trabajo profesional y bien remunerado, de acuerdo con los estándares salariales de la Fiscalía y la Procuraduría.
Ya la instancia competente por la Constitución para entregar las facultades las entregó, ahora necesitamos impulsar el marco legal que esas competencias requieren, hacer un plan de acción y empezar a ejecutarlo en beneficio de los colombianos. La Contraloría no tiene poderes, sino nuevas responsabilidades que ejercerá con seriedad y ajustada a las normas y los rigurosos estándares que deben encauzar nuestras acciones. Acá habrá legalidad, objetividad, sentido de oportunidad y mucha mesura.
No vamos a volver al pasado, porque el país aprendió de los errores cometidos y no permitirá que eso suceda; adicionalmente, tenemos una prensa libre y alerta que denunciará si nos salimos de la plana. Esa es la democracia, y todos estamos sometidos a ella.
A la Contraloría no le dieron un cheque en blanco, sino una responsabilidad adicional para entregarle resultados a Colombia. En este momento, cuando todavía no hemos ejercido ni una sola de esas responsabilidades, es importante no hacer conjeturas o ponernos bajo un manto de sospecha. Nuestra historia reciente nos da la posibilidad de solicitarles a los distintos sectores nacionales que nos den un voto de confianza.
Somos conscientes de nuestra misión, y eso fue lo que nos motivó a solicitar instrumentos adicionales que nos faciliten entregar resultados a los ciudadanos. Con esta reforma, los únicos que deben tener miedo son los corruptos, los contratistas incumplidos, los que juegan con el patrimonio público y les arrebatan a los colombianos la posibilidad de vivir mejor. Con ellos vamos a ser implacables.
* Contralor general de la república
Tomado de El Tiempo