Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
No entendemos por qué hay oídos sordos por parte del Gobierno frente a la alerta que venimos haciendo todos los empresarios y gremios del sector energético hace varios meses, sobre la importancia de preservar la institucionalidad de la CREG, seriamente afectada por la falta de nombramientos en propiedad de los 6 expertos comisionados, y la interinidad presentada, materializándose en la ausencia del quórum necesario para la toma de decisiones fundamentales y técnicas para sortear este momento crítico sectorial, llegando a situaciones de ni siquiera poder emitir un simple concepto.
En el último congreso del MEM en Barranquilla dije claramente que sin institucionalidad no cumpliremos los plazos para lograr nuestra transición energética, y mucho menos podremos pasar sin consecuencias negativas (apagón) el fenómeno de El Niño, al no tener disponible el instrumento consultivo y técnico competente.
El último mensaje del saliente comisionado, José Fernando Prada, parece ser su testamento administrativo, dejando al descubierto muchos temas trascendentales pendientes por la falta de quórum del comité de expertos, denominándolo “el apagón regulatorio”.
Los asuntos más urgentes que están en discusión y definición son: recuperación definitiva de los saldos de la opción tarifaria para evitar de una vez por todas el apagón financiero y quiebra de varios comercializadores; incentivos a los usuarios frente a una situación crítica y que los agentes altamente expuestos a bolsa puedan cubrirlos de los precios altos; un modelo para que plantas eólicas y solares puedan participar en la próxima subasta del Cargo por Confiabilidad; aprobación de cargos de comercialización de gas natural y otros más que están en trámite sin decisión.
La interinidad genera incertidumbre y la autonomía e independencia en la regulación han sido claves para garantizar los servicios de energía y gas, evitando apagones en más de tres décadas, siendo el sector un referente en Latinoamérica.
Preocupa el atajo gubernamental que hoy estamos enfrentando con resoluciones y decretos promulgados sin el concepto y revisión de la CREG, con riesgo de demandas y suspensiones al inclumplirse postulados de las leyes 142 y 143, generando inseguridad jurídica peligrosa y costosa, con decisiones basadas en argumentaciones políticas e ideológicas pero no técnicas.
La propia Procuraduría ha informado que está analizando la apertura de procesos disciplinarios por omisión y falta de diligencia. Esperamos que esto ayude a acelerar los nombramientos y acabar con la interinidad. Es improcedente la excusa de atribuir responsabilidad a gobiernos anteriores, porque hoy este Gobierno puede nombrar a todos los comisionados y sólo hasta la semana pasada fue posesionado Omar Prías.
Otros dos nombres están en lista para ser nombrados en el Ministerio de Energía, y todo indica que nuevamente serán encargos, insistiendo en utilizar una figura excepcional inapropiadamente. Como decía Hebert Castro: “Se le dijo, se le advirtió, se le recomendó y no hizo caso”. El Gobierno tiene en sus manos la pronta solución. Esperamos que actúe.
