Corte Constitucional reiteró que autoridades locales y nacionales aún no garantizan este servicio.
La escasez de agua potable en La Guajira es un problema histórico. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO
Hace una semana, Colombia y el mundo volvieron a mirar hacia La Guajira, cuando la famosa actriz estadounidense Angelina Jolie visitó ese departamento. Como delegada de Acnur, Jolie se encargó de evaluar la atención que las autoridades de Riohacha y Maicao les han dado en la región a los migrantes venezolanos, que hoy ya son el 20 por ciento de la población.
La Guajira es el departamento con más pobreza rural en Colombia: el 96 por ciento de la población rural es pobre, según un estudio de la Contraloría General. También es la región donde, más allá de la migración, históricamente ha existido una grave crisis humanitaria por la falta de agua potable, situación que las autoridades locales y nacionales no han superado.
Hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó a Colombia varias medidas cautelares para proteger a la Alta Guajira de la escasez de agua. Hace dos años, la Corte Constitucional aseguró que las autoridades no habían cumplido con lo que el organismo internacional estableció, y determinó que en La Guajira hay una violación sistemática a los derechos de la población, en particular de los niños y las madres gestantes de la comunidad wayuu por la falta de agua.
El año pasado hubo dos fallos más en los que la Corte reiteró lo que ocurre en La Guajira, y hace tres semanas, el tribunal constitucional emitió un último fallo en el que volvió a recordar que en ese departamento el problema de acceso al servicio de agua no se ha solucionado.
Pese a todas esas órdenes judiciales e internacionales –cinco fallos en los últimos cuatro años–, La Guajira sigue con sed.
En los últimos meses, el Gobierno inició el proyecto ‘Guajira Azul’, con el que se comprometió a invertir 424.000 millones de pesos para poder tener cobertura del servicio en el 86 por ciento de la población, en un plazo de cuatro años. Pero los avances son lentos. El TIEMPO conoció un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se documenta cómo el problema sigue vigente y está lejos de una solución definitiva.
La Defensoría señala que visitó las instalaciones de Corpoguajira para evaluar las obras que se han ejecutado como parte de la solución al problema de abastecimiento, y encontró que 36 aerodesalinizadores no están funcionando por falta de mantenimiento. La última intervención a esos aparatos se contrató en el 2016.
La Defensoría también evaluó los resultados del proyecto ‘250 Soluciones de Agua para La Guajira’, que se inició desde hace por lo menos tres años. El año pasado encontró que solo un proyecto de todos los que estaban planeados estaba funcionando –el de la perforación de pozos en la Flor–.
Y en una visita a La Guajira, en enero, la Defensoría se reunió con varias comunidades indígenas que pidieron que el suministro de agua sea permanente, ya que “en la actualidad, los carrotanques llegan cada cuatro meses”.
Las mujeres y autoridades tradicionales reclamaron que “no hay avances en la implementación de medidas que garanticen el acceso a agua potable para los niños y la comunidad”.
No hay avances en la implementación de medidas que garanticen el acceso a agua potable para los niños y la comunidad
Los miembros de la comunidad Uru afirmaron que de vez en cuando los visita un carrotanque enviado por la alcaldía y que muchas veces el litro de agua se los cobran a 40.000 pesos, o 400.000 pesos por carrotanque.
En Uribia, la población afirma que sí cuentan con suministro de agua por estar cerca del batallón, pero las zonas aledañas no tienen acceso al líquido. Es decir, de las 11 comunidades de la zona, solo una cuenta con agua dulce.
JUSTICIA
Tomado de El Tiempo
