La cobertura y la calidad de los servicios públicos en Colombia ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, frenar el mal uso y desperdicio del agua, de la energía, del gas, así como concientizar a la ciudadanía sobre la disminución y el correcto manejo de los residuos sólidos (que incluye el reciclaje) y de los sistemas de alcantarillado son los retos tanto para el gobierno como para las empresas prestadoras y el usuario.
En un informe de 2019, la firma Vértebra Soluciones concluyó que con la energía desperdiciada en el país se podrían iluminar 300 mil hogares en un año, y según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el país se desperdicia, en promedio, 43 por ciento del agua potable. A ese panorama se suma la indiferencia que los colombianos tienen frente a los residuos. De acuerdo con los datos del Gobierno, retomados por Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), de los 11,6 millones de toneladas de basura que producimos al año solo reciclamos el 8.3 por ciento.
Y mientras miles de colombianos derrochan agua o luz, otros carecen del servicio. Estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) sostienen que en Colombia aproximadamente 400.000 familias aún no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, especialmente en el litoral Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el departamento de La Guajira. Por eso, tal y como quedó registrado en el documento ‘Retos 2020-2022’, para Andesco llegar al 100 por ciento en la cobertura de servicios públicos en todo el territorio nacional y para todos los estratos socioeconómicos es el gran desafío del gobierno y las empresas prestadoras.
En el litoral Pacífico la brecha en acceso a energía, agua y saneamiento básico (en especial en las zonas rurales) es bastante amplia con respecto a los grandes centros urbanos. En cobertura eléctrica, los departamentos de Nariño con un 92,98 por ciento, Cauca con un 92,27 por ciento y Chocó con un 84,02 por ciento, así como el municipio de Buenaventura con un 92,90 por ciento se encuentran por debajo del promedio nacional de cobertura que es del 96,53 por ciento. Estas brechas se profundizan en las zonas rurales. Por ejemplo, en estas áreas de Buenaventura y el Chocó solo el 71,01 y 63,25 por ciento de los hogares tienen energía eléctrica, respectivamente. Cifras muy por debajo al promedio rural nacional que se ubica en el 86,83 por ciento.
Por las particulares condiciones sociales, culturales, ambientales y geográficas del Pacífico, el Gobierno Nacional solicitó ante la Banca Multilateral, dos créditos destinados para la Costa Pacífica colombiana, de manera que la intervención en la región sea integral. El objetivo es solucionar el problema de los servicios públicos de agua y saneamiento básico, residuos sólidos y generar proyectos de energía eléctrica, teniendo claro el trabajo conjunto de los componentes técnicos, social y ambiental, así como la búsqueda de esquemas de sostenibilidad en la prestación de los servicios a cargo de las inversiones que se están haciendo. Su ejecutor es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD a través del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico FTSP.
“Cada uno de los componentes de estos créditos tienen como objetivo generar soluciones a las problemáticas de agua y saneamiento básico para el casco urbano de Quibdó, Buenaventura, Guapi, Tímbiquí, Francisco Pizarro y Tumaco, así como también se viene trabajando en proyectos de energización en donde se benefician a más de 17.000 familias para el sector rural en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño y el distrito de Buenaventura a fin de disminuir el retraso en infraestructura, cobertura y calidad de los servicios, en esa medida la integración de todas estas actividades y acciones busca mejorar las condiciones de prestación de los servicios públicos en el Litoral Pacífico colombiano.” afirma Luz Amanda Pulido, directora del FTSP.
Concientización e innovación
Y mientras nos acercamos al 100 por ciento en cobertura, el gran reto es concientizar a los colombianos en el buen uso de los servicios públicos. Tarea que involucra a muchos actores y requiere esfuerzos mancomunados. Por un lado, grandes inversiones en tecnología para detectar y evitar el mal uso y desperdicio, y por el otro, una pedagogía entre los usuarios para que no derramen ni una gota del preciado líquido, ahorren luz, cuiden sus bolsillos y ayuden a mantener las ciudades más limpias, dando usos adecuados a los residuos y evitando un mayor impacto ambiental.
Para Natasha Avendaño García, Superintendente de Servicios Públicos se requiere más esfuerzo por hacer un ejercicio pedagógico en materia del uso adecuado de servicios públicos y de la protección de los recursos naturales.
“Estos son elementos de vital importancia para la adecuada realización de las actividades de nuestra vida diaria, pero que en particular en esta situación de pandemia, que hemos tenido que afrontar a nivel mundial en estos últimos siete meses, han demostrado ser las herramientas fundamentales para garantizar que nuestra sociedad siga funcionando a pesar de los traumatismos de la reorganización de nuestras actividades y sobre todo de los retos que giran en torno al aseo e higiene”, señaló Avendaño García.
Para Alexandra Planas, especialista Senior de la División de Energía del BID, la fórmula de acceso a servicios públicos va de la mano con la eficiencia. “Para logar un servicio continuo, de calidad y asequible para los usuarios, el BID ha apoyado al Gobierno de Colombia en el diseño, la estructuración y la implementación de proyectos para aumentar la cobertura eléctrica en las zonas no interconectadas, promover la eficiencia energética y promover las fuentes no convencionales de energía renovable”.
Destaca el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde el BID y el Gobierno de Colombia están trabajando en un programa para promover el uso eficiente de la energía eléctrica.
“Esto implica reemplazar bombillas y electrodomésticos, así como instalar paneles solares, para reducir el consumo de energía eléctrica. Estas medidas traen ahorros económicos para los usuarios, así como una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero y en los subsidios al servicio. Esperamos que prontamente este programa se pueda replicar en los siete departamentos que hacen parte de la región Caribe”, explicó la especialista del BID.
Al tiempo que fijan la mirada en la cobertura la Superintendencia de Servicios Públicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Todos Somos Pacífico, en una alianza con la revista Semana, emprenden desde hoy un ejercicio pedagógico y constructivo para impulsar el uso adecuado de servicios públicos y de la protección de los recursos naturales.
