Tomado de La República
Más de 90% de los ciudadanos de las zonas urbanas consume agua potable, sin embargo, existe un rezago en áreas rurales
Natasha Avendaño García, Superintendente de Servicios Públicos, habló en Inside LR sobre cómo avanza el proyecto de Hidroituango tras la evaluación integral que la entidad le ha realizado a Empresas Públicas de Medellín, EPM, como operador encargado de financiar, construir y operar la hidroeléctrica con mayor impacto en el país.
Por otro lado, dijo que los servicios públicos son claves para la calidad de vida de los colombianos, y reveló que más de 90% de las zonas urbanas del país cuentan con agua potable, aunque en el caso de la zona rural la proporción es menor.
También señaló que, al momento, existen 10 operadores en toma de posesión. De ahí que se refiriera al caso particular de Essmar y a la evaluación integral que se está llevando a cabo a dos de los operadores multiservicios más grandes del país. Por último, concluyó que uno de los retos que tendrá que asumir el próximo Gobierno será buscar un esquema de financiación al Fondo Empresarial con el fin de garantizarle recursos más estables.
¿Qué expectativas puede tener el país con la entrada en operación de Hidroituango?
Se ha avanzado mucho en la recuperación de las obras de Hidroituango. Las turbinas uno y dos ya están en proceso de ensamblaje. Es un tema de acoplar y armar. Esto es muy positivo porque gradualmente, se va honrando el compromiso de generar energía este año.
EPM ha ratificado que a finales de julio se encenderán las primeras turbinas. ¿Cree que se cumplirá con la fecha?
Más allá de decir que van o no a cumplir, es más importante destacar que hay avances. Hemos venido haciendo requerimientos a la empresa para que nos mantengan al tanto de las actualizaciones de los cronogramas y realmente vemos que se están cumpliendo. Tenemos la necesidad de intensificar estas visitas en lo que queda de este primer semestre del año.
¿Cómo ha sido el acompañamiento de la Superintendencia a EPM?
El año pasado iniciamos un proceso de evaluación integral con EPM. Nos tomó casi ocho meses puesto que la vigilancia es al acueducto, alcantarillado, energía, gas y adicionalmente al proyecto de Hidroituango. En octubre sacamos el informe con las recomendaciones para el proyecto de energía en particular, así como para el resto de la empresa y, con base en eso, hicimos una reunión de seguimiento a los hallazgos a principios de año, para conocer el plan de acción con el que se están materializando estas oportunidades de mejora.
¿Cuál es el balance de su gestión y en general de la Superservicios?
En principio logramos fortalecer la Superintendencia con la vinculación de más de 1.000 funcionarios. También creamos la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y la Gestión en Territorio que nos ha permitido elevar el relacionamiento con los usuarios. Hacia afuera nuestros principales logros son haber hecho la transición de dos operadores de energía en el Caribe, avanzar en un esquema de solución para brindar garantías a los pensionados y gestionar unos recursos iniciales de unas inversiones por más de $780.000 millones.
¿Cómo está el país en materia de servicios públicos?
Hemos mejorado mucho. En materia de energía, la mayoría de prestadores tienen buenos indicadores de calidad. Claramente, tenemos casos como los de Aire y Afinia en la Costa Caribe y otros como los prestados en el suroccidente del país.
En cuanto a la calidad del agua, el Plan Nacional de Desarrollo nos concedió la competencia de tomar muestras propias y lo hemos venido haciendo de forma masiva. Esto es fundamental, no es lo mismo que a uno se le vaya la luz a que tome agua de mala calidad.
Del agua que se consume, ¿qué porcentaje es potable?
Podría decir que más de 90% de la zona urbana consumen agua potable. En el caso de la ruralidad, el alcance es mucho menor por las deficiencias en los mecanismos de potabilización, pero se ha avanzado.
¿Cuántos operadores están bajo la intervención de la Superintendencia?
Hay 10 empresas en toma de posesión, pero no todas están prestando el servicio.
¿Qué ha pasado con la situación de Essmar?
En los 100 días después de su intervención vimos con acciones muy puntuales cómo se ha mejorado la continuidad de los servicios en algunos sectores de Santa Marta. Esto demuestra que lo que se requería era más voluntad y gestión.
¿Cuáles son los retos que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno?
Es necesaria una actualización a la Ley de Servicios Públicos, que ya está próxima a cumplir 28 años y requiere ajustes para adaptarse a la realidad de hoy. También hay que dar seguimiento a los indicadores de calidad. Seguir trabajando de manera muy articulada con los ministerios y no perder de vista que con la gestión adecuada y los recursos se puede sacar adelante las empresas en toma de posesión. Además otro reto es buscar un esquema de financiación al Fondo Empresarial que le permita contar con recursos más estables.
