Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del comité intergremial conformado por ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA, hacen un llamado a la mesura y al sentido de responsabilidad respecto a los términos en que se adelanta el debate sobre el sector eléctrico.
El día de ayer en Barranquilla, durante el discurso del presidente Petro, se emitieron afirmaciones sin respaldo jurídico ni técnico, con mensajes que no se apegan a la verdad. Con ellas, se distorsiona la realidad del problema de fondo que enfrenta el sector energético y se desvía la atención sobre la responsabilidad del Gobierno Nacional en la falta de soluciones concretas y responsables frente a una crisis que se ha producido, principalmente, por algunas acciones inadecuadas, y en otros casos, por omisiones.
Queremos recordar que, las empresas generadoras de energía han invertido más de 140 billones de pesos en la infraestructura, permitiéndonos con ello superar por más de 30 años sequías y fenómenos de El Niño; además, que durante los tres primeros trimestres de 2024 estas empresas aportaron a la economía 36,5 billones de pesos, equivalentes al 3% del PIB de ese periodo. También reiteramos que históricamente las tarifas de energía en Colombia no son las más costosas de la región, y respaldan un mercado confiable a diferencia de otros países de la región que han sufrido racionamientos.
Por otro lado, la propuesta que el Presidente parece mencionar sobre la bolsa de energía no coincide con la realidad, por lo que consideramos que los mensajes muestran falta de información, pues la coyuntura en el sector de generación de energía enfrenta la falta de nueva oferta producto de retrasos por la falta de acompañamiento efectivo del Gobierno con las comunidades en regiones como La Guajira, que ya cuenta con varios proyectos eólicos abandonados y otros con retrasos de casi tres años y señales de intervención que ahuyentan a los inversionistas.
Sobre las acusaciones realizadas a empresas, el llamado que como gremios siempre se ha hecho ante posibles incumplimientos de la normatividad, es a denunciar ante las autoridades competentes, en garantía del debido proceso, por supuesto con los respectivos soportes, so pena de tener que asumir la responsabilidad en caso de denuncias infundadas.
El panorama es complejo, y esta semana hemos sido testigos del impacto que pueden tener palabras inoportunas, sin fundamento y fuera de contexto. Como ciudadanos colombianos, es nuestro derecho y deber exigir al Gobierno Nacional que tome las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el futuro, porque como lo hemos dicho en otros escenarios la situación es muy crítica y de no garantizarse tanto el pago de subsidios y la Opción Tarifaria, como el ingreso de proyectos con mayor oferta de generación, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento o apagones.
La situación no admite la desinformación como una herramienta política en tiempos preelectorales, y por ello, es fundamental recordar el rol de los funcionarios públicos.
Reiteramos la invitación a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica a informarse con datos reales y verificables, contrastando las recientes declaraciones sobre las tarifas con fuentes oficiales y análisis técnicos.
