Miembros de la sociedad civil tomaron acciones frente a esta norma al tiempo que el presidente y el Mintic la socializaban en Ciénaga, Magdalena.
Mientras el Gobierno socializaba la ley TIC en Ciénaga, organizaciones como la Flip demandaban la norma.
Mientras en Ciénaga, Magdalena, el Gobierno preparaba la presentación de los beneficios que traería la que denomina Ley de Modernización de las TIC, en Bogotá organizaciones de la sociedad civil presentaban dos demandas de inconstitucionalidad de esa misma norma: la Ley 1978 de 2019. Por un lado, el presidente y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) consideran que brinda las condiciones para arrancar una “ola de conectividad”, pero, por otro, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Karisma y otros ciudadanos ven riesgos para derechos como la libertad de expresión.
Las dos demandas radicadas ayer fueron preparadas en paralelo, pero se unieron para su presentación. Una es iniciativa de miembros de la CCJ, Karisma y la FLIP, mientras que la otra va firmada por Ana Bejarano (de Bejarano Abogados), Vanessa López Ochoa, Pedro Vaca (director de la FLIP) y Santiago Rivas (conocido, entre otras cosas, por ser el presentador del programa Los Puros Criollos, del canal público Señal Colombia). Según Rivas, ambas acciones convergen en llamar la atención sobre la necesidad de garantizar los contrapesos en las instituciones del sector de las TIC, en últimas, para una mejor democracia.
Destacando puntos de cada documento, los demandantes llegaron a algunas conclusiones sobre lo que les preocupa de la Ley 1978, norma que se expidió tras un duro paso por el Congreso. El Gobierno de Iván Duque había radicado el proyecto en septiembre de 2018, luego de que la administración anterior intentara, sin éxito, tramitar una iniciativa para, entre otras cosas, liquidar la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), transformar la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y crear un regulador único que responda a las necesidades de un mundo convergente en materia tecnológica; en el que, por ejemplo, se ve TV a través de internet.
La conformación de ese nuevo regulador —por largo tiempo esperado por el sector privado— es precisamente uno de los puntos que reclaman los demandantes. Según ellos, el poder Ejecutivo tiene injerencia en la selección de siete de los ocho comisionados que componen la naciente entidad, ya sea porque los escoge el presidente, el Mintic o un concurso público adelantado por una universidad escogida por el Ministerio de Educación o adelantado por el Departamento de la Función Pública. Más aun, señalan que la autonomía del regulador puede ser artificial por el hecho de que es el Gobierno el que reglamenta cómo se deben escoger todos los comisionados.
Durante el debate del entonces proyecto de ley una de las críticas era también la ausencia en la nueva CRC de comunicadores o expertos en contenidos. Finalmente, la propuesta se cambió y la nueva comisión quedó dividida en dos órganos: uno para contenidos audiovisuales y otro para comunicaciones. El primero tendrá tres integrantes: uno será elegido por los operadores públicos regionales de televisión y dos restantes por concurso público para que uno represente a la sociedad civil y el otro, al sector audiovisual. En el de comunicaciones estarán el Mintic, un designado del presidente y tres miembros elegidos por concurso público.
Al liquidarse la ANTV, lo relacionado con regulación, inspección, vigilancia y control en materia de contenidos será ejercido por la CRC, en todo lo demás la función será del Mintic. Eso, para los demandantes, es una concentración de poder por parte del Ministerio, que también manejará el fondo de recursos para el desarrollo del sector. Esta cuenta es el resultado de la unión del fondo para la financiación de la TV pública, que estaba en manos de la ANTV, y el Fontic, que estaba en manos del Ministerio. Esa mezcla, para los demandantes, también puede poner en riesgo la financiación de la TV pública.
El Gobierno, por un lado, ha dicho que se mantendrá anualmente, por lo menos, el monto máximo de recursos que desde la creación del Fontv fueron destinados por este a RTVC y a los canales regionales. Para Rivas, sin embargo, el dinero queda “flotando” en un mismo fondo para inversiones en asuntos administrativos, de infraestructura y de contenidos. Eso, dice, genera el riesgo de que la destinación cambie dependiendo de lo que sea prioridad para cada gobierno, en posible detrimento de la industria, y “tenemos (quienes demandan) reservas sobre la libertad que tendrían los realizadores para hacer los contenidos que mejor les parezca”, sostiene.
Uno de los puntos de la demanda de Karisma tiene que ver con la ausencia en la ley de un tratamiento especial para las redes comunitarias de comunicación, que no están en la capacidad de tramitar los mismos permisos o pagar las mismas contraprestaciones de una mediana o gran empresa de telecomunicaciones. Eso, afirman, viola el principio de igualdad. La demanda de Bejarano, por otro lado, señala que con la Ley TIC se eliminaron “disposiciones normativas especiales y relacionadas de manera directa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, y el ejercicio concreto de sus derechos”, sin que se hubiera hecho una consulta previa.
El contenido de la Ley TIC, una de las victorias del Gobierno en su primer año, ha sido respaldado por empresas como los operadores de comunicaciones y gremios internacionales como la GSMA. Para el Gobierno, “crea las condiciones para incentivar la inversión privada en el sector TIC, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestructura de alto costo, de manera que se pueda conectar a internet a la población vulnerable y de escasos recursos, además de las zonas rurales y apartadas del país”. Sin embargo, con estas demandas, queda claro que no todas las inconformidades quedaron zanjadas en el Congreso y que la norma, de la que se empezó a hablar en 2014, tiene un nuevo reto.
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Tomado de El Espectador
