Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Contravenir directamente lo dispuesto en el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, que expresamente exceptúa el derecho de huelga en cualquiera de las empresas del sector de servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo y gestión de residuos, energía eléctrica, gas natural), o del sector de TIC dadas su naturaleza y relevancia, es un verdadero exabrupto porque pondría en riesgo la vida y la economía nacional.
Desde Andesco llamamos la atención sobre la irresponsabilidad de promover, por parte del Gobierno y algunos ministros, la idea de que se realice una huelga en estos sectores, y reiteramos que serán ellos los directos responsables por la pérdida de vidas, bienes, los derechos y libertades de los afectados.
El régimen laboral contempla diversos escenarios de discusión y mecanismos de protesta; la misma Constitución y la ley se han encargado de fijarles límites para que eventuales conflictos entre trabajadores y empresas no terminen afectando injusta y peligrosamente a toda la ciudadanía.
Es claro que los derechos de los usuarios están por encima de desacuerdos sindicales. Por esto es preocupante que se haya planteado la posibilidad de una huelga en la Electrificadora de Santander, que presta el servicio de energía eléctrica en Bucaramanga y 102 municipios en seis departamentos del país. Damos esta alerta para evitar retrocesos y daños irreparables.
En el sector eléctrico la operación es continua e interdependiente, lo que impide garantizar esquemas de “servicios mínimos”, ya que afectan la estabilidad del sistema y la seguridad de la infraestructura.
Una huelga en esta empresa podría llevar a una eventual suspensión del servicio, lo que tendría un impacto de gran magnitud porque afectaría a 958.344 clientes, incluidos más de 243.000 usuarios rurales y 64.833 usuarios bajo la modalidad de energía prepago.
Asimismo, se comprometería la operación de 517 establecimientos de salud, al menos 71 usuarios electrodependientes o en condición crítica declarados, 47 hogares geriátricos y 54 hogares del ICBF.
Adicionalmente, se afectarían 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 cuentas de seguridad ciudadana asociadas a batallones, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, nueve sistemas de semaforización, 78 de alumbrado público, 10 instituciones de bomberos, seis aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones. En total, 4.921 cuentas de manejo especial e impacto directo en seguridad, salud y vida de las poblaciones donde se presta el servicio.
En definitiva, consideramos que este tipo de acciones afectan la seguridad jurídica y es un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales de la población. No olvidemos que el bienestar general prima sobre el particular y que los gobiernos están obligados a cumplir la Constitucion y la ley por encima de cualquier posición ideológica.
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