Empresas de servicios públicos tienen la oportunidad de ser protagonistas en el cierre de brechas entre esquemas tradicionales y la economía circular.
Camilo Sánchez
Adiario estamos bombardeados con noticias sobre la contaminación causada por los residuos que producimos; por solo mencionar un dato, según proyecciones del informe sobre La Nueva Economía de los Plásticos del Foro Económico Mundial, en el año 2050 habrá más plástico en los océanos que peces, si tenemos en cuenta el peso en toneladas. Lo anterior, refleja una crisis generada por la producción desmedida de residuos y su inadecuada gestión.
Colombia, no es ajena a esta problemática; según cifras del Gobierno Nacional, anualmente generamos 11,6 millones de toneladas de basura, y aunque contamos con uno de los sistemas de recolección de residuos con mayor cobertura en América Latina, aún 17% de los municipios del país tienen botaderos a cielo abierto y 34% de los rellenos sanitarios se encuentran en estado crítico por agotamiento de su capacidad. Por otra parte, únicamente el 8,3% de los residuos se están reciclando, lo que responde en gran parte a una falta de cultura de separación por parte de los ciudadanos y únicamente 21 municipios cuentan con tratamiento de residuos orgánicos, básicamente por sus altos costos.
Para avanzar en este sentido, el Gobierno Nacional ha expedido diferentes normas a partir del Conpes 3874 de 2016, el cual define la política nacional para la gestión integral de residuos sólidos, y del lanzamiento de la Estrategia de Economía Circular a finales del 2018, trazando el camino para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cuidado del medio ambiente. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional se ha fijado una meta de aprovechar el 15% de los residuos en el 2022. Adicionalmente, para el cumplimiento del ODS No. 12 Producción y consumo responsable, se fijó una tasa del 17,9% de reciclaje.
También, se han diseñado instrumentos que van desde la inclusión del cobro de la actividad de aprovechamiento en la tarifa del servicio de aseo, el establecimiento de la planeación municipal obligatoria en gestión de residuos a través de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, la responsabilidad extendida del productor a través de los programas posconsumo, incluido el de envases y empaques; hasta medidas como el incentivo al aprovechamiento, que se traduce en un impuesto a la disposición final, el plan nacional de plásticos y el código de colores para la separación de residuos.
En estos últimos años, como resultado de la implementación de estos instrumentos, se han presentado serias dificultades. Por ejemplo, las tarifas del servicio público de aseo se han venido incrementando en todo el país, pero sin la certeza que el porcentaje de residuos aprovechados también lo haya hecho, pues según cifras de la Superservicios, tanto el número de toneladas que se aprovechan, como las que se disponen en rellenos sanitarios, aumentaron entre el 2016 y el 2017 y se supone que estamos promoviendo el consumo responsable (menor producción de residuos), que la población en Colombia no ha crecido como se esperaba; lo cual hace urgente la revisión de los mecanismos de medición y reporte; sin embargo, no se cuenta con información reciente que permita sacar conclusiones sobre el resultado de las políticas implementadas. Por ejemplo, según cifras de los informes de disposición final y de aprovechamiento de esa entidad, en Bogotá en el 2017 se aprovechó cerca 17% del total de toneladas generadas, frente a un 3% en el 2016, cifra que resultaría muy satisfactoria frente a separación en la fuente y metas de reciclaje, pero que genera gran incertidumbre por el aumento desproporcionado de un año para otro. Este mayor número de toneladas aprovechadas puede ser explicado por un mayor número de prestadores de la actividad o por el reporte de toneladas que no necesariamente corresponden a la prestación del servicio o por la dificultad de controlar el doble registro de materiales aprovechados.
Por otra parte, además de los instrumentos diseñados desde el Gobierno Nacional, en diferentes zonas del país como Santa Marta, San Andrés y Boyacá han surgido iniciativas para la prohibición de plásticos de un solo uso y existe ya una iniciativa parlamentaria que busca la prohibición a nivel nacional. Aunque estas iniciativas buscan el cuidado del medio ambiente, es necesario articularlas con los demás instrumentos e identificar posibles materiales sustitutos, su impacto social y ambiental. Por todo lo anterior, con el fin de cumplir las metas propuestas y dar señales sobre los resultados, se debe revisar cómo se articulan estas medidas, cómo se miden los resultados y cómo se están involucrando todos los actores, en especial las empresas de aseo con la necesidad de seguir prestando servicios de calidad, innovando y adaptándose velozmente a estas realidades. Adicionalmente, se necesita un mayor compromiso de las entidades territoriales con el fin de implementar las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en su territorio. Así como fomentar la participación del usuario como eslabón inicial de la cadena del reciclaje, haciéndolo participe de la generación de valor que resulte de esta actividad, sin desconocer la obligación de defender sus derechos frente a la tarifa de los servicios públicos.
En cuanto a la articulación de las medidas se deben revisar los puntos de encuentro entre las normas expedidas desde el sector vivienda y el sector ambiente, con el fin de no duplicar costos y esfuerzos. Por ejemplo, se debe revisar cómo se articula el reciclaje cobrado a los usuarios en la tarifa de aseo con los programas posconsumo financiados por la industria para reciclar sus envases y empaques.
Como el Gobierno Nacional ha anunciado en varias oportunidades, se viene desarrollando el proyecto de ley de residuos. Es una gran oportunidad para reflexionar si vamos por el camino adecuado en el cumplimiento de las metas trazadas, así como articular y revisar las falencias que aún se presentan en la gestión de residuos en nuestro país. Por su parte, las empresas de servicios públicos cuentan con una gran oportunidad frente a la transformación que se está dando en la gestión de residuos en Colombia, identificar nuevas líneas de negocio, y ser los protagonistas en la tarea de cerrar las brechas entre los esquemas tradicionales y las nuevas tendencias de la Economía Circular.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco
Tomado de El Portafolio
