En estratos bajos, bandas organizadas ofrecen conexiones ilegales. Hay alerta por aumento de fraude.
Según conoció EL TIEMPO, en Soacha, Cundinamarca, ya se identificó un barrio completo con una conexión ilegal de gas natural Foto: Archivo/ELTIEMPO
Una grave y creciente ola de casos de fraude a los servicios públicos domiciliarios llevó a las autoridades y las compañías que los prestan a prender las alertas, pues ya no se trata de personas que por su cuenta buscan la forma de conectarse ilegalmente al servicio o de usar trucos artesanales para alterar los contadores, sino que se han identificado bandas organizadas que se dedican al ofrecimiento de conexiones ilegales al por mayor, fundamentalmente en sectores de estratos bajos, prometiendo ahorros significativos a los usuarios.
Así lo reveló la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, al señalar que en todo el país, pero recientemente en Bogotá, las compañías Codensa y Vanti, que presta el servicio de gas natural, han detectado verdaderas organizaciones criminales dedicadas a ofrecer de forma masiva la conexión ilegal a estos servicios públicos, a cambio de importantes reducciones en el costo por pagar frente a tener una conexión legal.
“Es crimen organizado sofisticado. Lo que hacen es decir que les garantizan a los usuarios ahorros entre el 40 y el 60 por ciento del valor de sus facturas y han cogido empresas, cadenas de restaurantes, panaderías y pizzerías, que les contratan el servicio”, aseguró la funcionaria.
Según conoció EL TIEMPO, en Soacha, Cundinamarca, ya se identificó un barrio completo con una conexión ilegal de gas natural, y lo que se ha detectado es que las supuestas empresas que ofrecen estas conexiones fraudulentas les cobran a los usuarios hasta un millón de pesos por conectarlos, prometiéndoles que no tendrán que volver a pagar por el servicio.
La superintendente, quien señala que las pérdidas para las compañías son altísimas y tanto Codensa como Vanti “están asustados por la creatividad” de los delincuentes, advierte que además de los casos en la Costa, región en la que hay apartamentos de estrato 6 con baipás para el aire acondicionado, el problema de la ilegalidad y el fraude se ve en todo el país, en todos los estratos y en todos los servicios.
Y agrega que recientemente, en mayo, en el congreso anual de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), la empresa de acueducto de Pasto, también emitió una alerta por situaciones de fraude.
Millonario impacto
Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Colombiana de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), explicó que mientras que las compañías afiliadas a la agremiación reportaron pérdidas en el 2018 estimadas en 62.480 millones de pesos como producto del hurto a la infraestructura de las redes, como tubos de cobre, cables, tapas, canecas y contenedores, entre otros, el monto estimado por defraudación ya supera seis veces este valor.
En efecto, para el año pasado se calculó que el impacto del fraude para las empresas de servicios públicos sumó 380.000 millones de pesos, además de que la mayor parte del valor corresponde al mercado que atiende Electricaribe; solamente en Bogotá se estimaron pérdidas por 42.000 millones de pesos para Vanti, que presta el servicio de gas domiciliario.
“Que se estén robando 42.000 millones en gas natural es un exabrupto”, dijo Sánchez Ortega.
Al respecto, Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), indicó que los fraudes más significativos registrados recientemente se relacionan con negocios de tintorería, una fábrica de vidrio, hoteles, pizzerías, fábrica de tamales, fábrica de lechona, asaderos, fábrica de látex y una fábrica de detergentes.
Además de los perjuicios económicos, también alerta porque para las empresas que suministran el servicio se genera un alto riesgo para la vida, no solo de los que hurtan el servicio, sino de sus vecindarios.“Las empresas distribuidoras de gas natural siguen sufriendo de casos de fraude en que organizaciones criminales se dedican a la alteración de medidores e instalaciones de gas que exponen a personas inocentes a explosiones, incendios y muertes por asfixia”, agregó el dirigente gremial.
Y precisó que solo en la regional Caribe se han visto graves casos de fraude, en particular en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.
En 2018 se reportaron 512 casos, un número al que ya se suman otros 223 bajo las modalidades de manipulación de medidores y derivaciones ilegales en lo que va del 2019 .
Tanto Cabrales como Sánchez Ortega instaron a la comunidad para que se abstenga de realizar fraudes y denuncie este tipo de intervenciones a las redes, centros de medición e instalaciones de gas que pueden llegar a causar explosiones o graves accidentes con consecuencias fatales.
EL TIEMPO conoció que, según las investigaciones, un caso ocurrido en Chapinero, localidad de Bogotá, se habría originado en una conexión ilegal de gas natural.
Y es que ante los crecientes casos de fraude, ofrecidos por firmas en diferente lugares del país, se está conformando un grupo élite para perseguir los delitos, con la Fiscalía y la Superintendencia de Servicios Públicos, el cual ha avanzado en la expedición de un concepto de interpretación de la ley de servicios públicos, pues las normas actuales no permiten hacer una persecución efectiva al fraude.
Normas no permiten los castigos duros
Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Colombiana de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), aseguró que de acuerdo con la forma como están configuradas las normas, “tristemente robar paga”, ya que cuando a una persona la sorprenden robando el servicio a través de una conexión ilegal o una adulteración, lo máximo que le pueden cobrar son cinco meses del fraude.
Es decir que si el infractor roba gas, agua o energía por un año, las normas señalan que solamente le pueden cobrar cinco meses, lo que permite que para quien defraude sea un gran negocio no solo por este tope, sino porque si reincide no le pasaría nada diferente a que lo vuelvan al sorprender, le apliquen la sanción y se repita el ciclo.
Además, según el directivo, hay que cambiar este proceso y buscar la forma de atacar el problema, ya que cuando hay señales de un posible fraude, las empresas tienen que avisar con anticipación que van a ir a revisar en cumplimiento de un debido proceso que al final termina premiando la impunidad.
“Eso lo que hace es que se tenga que avisar a los que roban que ya voy llegando, y la gente hace lo necesario para que cuando lleguen no identifiquen el fraude”, agrega.
Al respecto y al señalar que no es normal que en gas natural suban tanto las pérdidas, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, señaló que próximamente, la entidad a su cargo expedirá una modificación de la interpretación de la norma. “Protegemos al usuario, pero al que hace bien las cosas, no al hampón”, indicó la funcionaria al reconocer que cuando hay reclamaciones de consumos bajos solo se puede cobrar el último mes, aunque el usuario puede llevar meses cometiendo el fraude.
REDACCIÓN OMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
Tomado de El Tiempo
