Tomado de Portafolio
El valor de las facturas responde a la suma de muchos factores técnicos y económicos.
Muchas generaciones no recuerdan o conocieron la evolución de los servicios públicos. Hace treinta años tuvimos un apagón eléctrico; pedir una línea telefónica era cuestión de ‘palanca’; botaderos a cielo abierto eran lo normal; el suministro de agua, con excepciones, intermitente.
Esto cambió desde la Constitución de 1991 y las leyes 142 y 143 de 1994, que permitieron que, en un ambiente competitivo, se prestaran estos servicios con empresas públicas, mixtas y privadas, garantizando suficiencia financiera, esquemas tarifarios con costos eficientes, subsidios y contribuciones, entre otros. Hoy tenemos coberturas casi universales con calidad y continuidad adecuadas. Reconocemos la necesidad de actualizar el régimen de servicios públicos, pero sin arriesgar lo construido.
En este mundo interdependiente, las tarifas de servicios públicos vienen incrementándose significativamente por guerras, escasez e inflación, y nuestro país no es la excepción. A los prestadores les preocupa el impacto que, aumentos superiores a la inflación, tienen en el bolsillo y bienestar de los ciudadanos, además de afectar su capacidad de pago.
Nuestro sector es regulado, con metodologías tarifarias expedidas por las Comisiones de Regulación y vigiladas por la Superservicios. Los componentes tarifarios buscan recuperar el costo de prestar los servicios, las inversiones para mejorarlos y ampliar su cobertura; incluyen costos de insumos nacionales e importados, afectados por la tasa de cambio -TRM- e inflación; provisión de inversiones, entre otros. Hemos tenido una devaluación anual de más del 20%, inflación del 9%, barril de petróleo a más de US$100. Además, impactos de la pandemia, congelando tarifas y la no suspensión y reconexión de los servicios por más de 16 meses a costo de las empresas, que hasta ahora vienen recuperándose. En acueducto y alcantarillado, cuando exista una variación mayor o igual al 3% del IPC se actualizan los valores según la ley.
En energía eléctrica, algunos componentes se indexan con IPC y otros con IPP. Por ejemplo, los contratos bilaterales de compras de energía entre los agentes para los usuarios, así como los cargos por transportarla, se actualizan con IPP, que ha tenido incrementos importantes.
En gas natural, al efecto del IPC e IPP se suman las fuertes variaciones de la TRM, ya que su suministro y transporte se negocian en dólares y se deben transferir en pesos.
Si bien, según el Dane, los servicios públicos no son los que más impactan la canasta básica, sino los alimentos, vivienda y transporte, invitamos a revisar la conveniencia de programas de asistencia temporales a cargo del gobierno, como lo están haciendo otros países y, por parte de los usuarios, a usar eficientemente los servicios.
Finalmente, el valor de las facturas responde a la suma de muchos factores técnicos y económicos, internos y externos, por lo tanto desconocerlos termina afectando la prestación de los servicios, con todo lo que esto implica.
CAMILO SÁNCHEZ
Presidente de Andesco
