Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Parecería una novela del realismo mágico de García Márquez, pero no, es pura y dura realidad sin consecuencias para quienes vienen realizando este ilícito.
El robo de cable de cobre está asociado al incremento exorbitante de las exportaciones de este mineral. Según el Dane, en el 2018 el valor exportado fue de US$290,8 millones, pasando a más de US$630,1 millones en 2023, pero la cifra reportada por las compañías mineras fue tan solo de US$112,8 millones.
Esto implicaría que más del 82% del cobre que exporta Colombia proviene de supuestos desperdicios o desechos de este metal, situación realmente sospechosa que deberá ser revisada.
Una de las industrias que más se ha visto afectada por este delito es la de TIC. En el período 2010-2023 se incrementaron estos robos en un 35,4%, generando una pérdida aproximada de $13.250 millones y la afectación a medio millón de usuarios anualmente, causando cortes del servicio en espacios de una hasta 48 horas.
Este hurto de cable y demás elementos de red TIC como baterías, páneles solares y fibra óptica impacta negativamente a los habitantes y a la economía del país, lo cual se ha convertido en un problema recurrente.
Tales actos también implican vulneraciones a las redes de energía, gas natural y a los medidores de acueducto. Adicionalmente, el robo de cable de cobre tiene implicaciones ambientales, pues con el fin de retirar su recubrimiento, es común que se incinere el caucho de protección, generando impactos nocivos debido a la contaminación que se causa en el aire, el suelo y el agua.
Esta práctica también puede ser la mecha para iniciar incendios forestales como se evidenció recientemente.
Es indispensable que el Estado actúe y se comprometa con los diferentes operadores de servicios públicos para desarrollar actividades que prevengan y disminuyan este flagelo. Es necesario que se creen grupos élite para la persecución de estos crímenes al interior de la Policía y Ejército, así como una Unidad Especial de Delitos contra los servicios públicos por parte de la Fiscalía; unir a la población colombiana con campañas mediáticas que promuevan la protección de la infraestructura por parte de los usuarios para evitar el deterioro de los servicios; crear los incentivos para quienes denuncien y que se aumenten los esquemas de recepción, entendiendo que si no actuamos, todos los meses estaremos pagando nuestra indiferencia en las facturas. Denunciar sí paga.
En estos momentos que nos están llevando a que nos preocupemos más por lo urgente que por lo importante, es necesario tomar los correctivos para eliminar de una vez por todas este ilícito. El toro hay que tomarlo por los cuernos y castigar ejemplarmente a quienes perpetran esta actividad. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy.
