En cuatro años, la inversión avalada supera los $ 834.738 millones. Empresas solicitan ajustes.
Mientras casi la mitad de los grandes proyectos de energías renovables de La Guajira tienen serias incertidumbres sobre su entrada en operación a tiempo por las dificultades en las consultas previas para el trámite de licencia ambiental de la línea Colectora, a cargo del Grupo Energía Bogotá (GEB), el interés de personas y empresas por incursionar en proyectos de generación eléctrica a menor escala, principalmente para autoconsumo, sigue creciendo de forma importante.
Cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) muestran que este año el ritmo de solicitudes para este fin sigue acelerando, en medio del mayor atractivo que implica acometer las inversiones, debido a que desde mayo de 2019 quedaron exentos de IVA los paneles solares, los controladores de carga y los inversores de energía para estos sistemas, sumándose a la deducción en el impuesto de renta para proyectos de energías renovables.
En efecto, el año pasado fueron 272 las solicitudes recibidas en busca de una certificación para acceder a estos incentivos, a un ritmo mensual de 22,2 peticiones, mientras que entre enero y agosto de 2020 la cifra llegó a 194 peticiones, para un promedio mensual de 24,2.
Incluso, entre enero y agosto las solicitudes de empresas y personas interesadas en estas iniciativas y en los descuentos tributarios crecieron un 13,5 por ciento anual, toda vez que hace un año, en los primeros ocho meses, el número fue de 171 solicitudes.
Del total de documentos radicados hasta agosto para estas iniciativas ante la Upme con el fin de acceder a los incentivos, 183 correspondieron a proyectos de energía solar, tres a pequeñas centrales hidroeléctricas, 7 fueron de iniciativas con biomasa y uno de energía eólica.
Con ello, a la fecha, en los últimos cuatro años han sido presentados 947 proyectos, de los cuales el 91 por ciento (864 iniciativas) ha sido para implementar soluciones de energía solar fotovoltaica; 34, para pequeñas centrales hidroeléctricas; 32, para biomasa, y uno de energía eólica.
Y de todos los proyectos que ya se encuentran certificados desde 2016, el 69,45 por ciento corresponde a aquellos con una capacidad de generación entre 10 kilovatios y un megavatio, mientras que el 18,29 por ciento (103 proyectos) tiene capacidades hasta de 10 kilovatios. Solamente en 2019, de las 212 solicitudes certificadas, el 85 por ciento correspondió a aquellas de hasta un megavatio de capacidad, 15 tienen capacidad entre 10 y 100 megavatios (acá clasifican grandes parques solares) y cinco contaban con una capacidad mayor a 100 megavatios.
Gran incentivo
A la fecha, de las 947 iniciativas presentadas, 563 ya están certificadas, es decir que tienen concepto favorable para tener los beneficios tributarios; otras 250 se encuentran en etapa de evaluación, 61 fueron desistidas, 23 rechazadas y 50 fueron archivadas.
De acuerdo con la Upme, que en los próximos días hará la publicación de los proyectos certificados en lo corrido de este año, las inversiones avaladas durante 2019 sumaron 312.612 millones de pesos y el valor del IVA avalado como beneficio llegó a 54.337 millones de pesos, acumulando en los últimos cuatro años inversiones proyectadas por 834.738 millones de pesos y un monto avalado por IVA de 150.347 millones de pesos.
No obstante esta dinámica, algunos expertos del sector consideran que aún falta materializar medidas para que estas inversiones permitan al país avanzar en materia de generación distribuida, es decir, en la entrada de pequeñas fuentes de autogeneración en las casas, fincas o negocios, con base en fuentes como el sol o el viento, principalmente, que puedan aportar sus excedentes al mercado a través del sistema interconectado, como parte de la participación de los consumidores en el mismo.
A comienzos de septiembre, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) expidió las resoluciones Upme 203 y 196 de 2020, reglamentando los procedimientos para obtener el certificado que permite acceder a los beneficios tributarios para proyectos de fuentes no convencionales de energía- FNCE y de gestión eficiente de energía-GEE.
“Los ciudadanos interesados en invertir en fuentes no convencionales de energía o en gestión de eficiencia energética podrán solicitar el certificado que permite acceder a los beneficios tributarios para estos proyectos. Para facilitar el trámite hemos dispuesto de un canal virtual para la radicación de sus solicitudes, se tendrán menores requisitos para obtener el certificado y podrán realizar el seguimiento a su solicitud en línea”, explicó Christian Jaramillo, director de la Upme.
Según Germán Corredor, presidente de la Asociación Colombiana de Energías Renovables (SER Colombia), si bien es cierto se han simplificado los trámites para acceder a beneficios tributarios, es necesario revisar los beneficios efectivos de IVA para productos nacionales y los beneficios de renta para empresas nuevas. Esto con el fin de hacer equitativos los beneficios para todos los actores del mercado.
La generación distribuida es un factor clave para la reactivación económica, pero hay otras dificultades que retrasan la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos
“La generación distribuida es un factor clave para la reactivación económica, pero hay otras dificultades que retrasan la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos. Los procesos no son expeditos y hay cuellos de botella que hacen dudar a los inversionistas”, dijo, por su parte, Marcos Páez, director comercial de Green Yellow Colombia, en un reciente foro organizado por SER Colombia.
José Antonio Vargas Lleras, presidente del Comité de Miembros de Colombia del Consejo Mundial de Energía, indica que para acelerar la transición energética se debe trabajar en cuatro aspectos claves: la digitalización, descarbonización, descentralización y la demanda, enfatizando que ahora debemos hablar de humanizar la transición energética.
Según los expertos, hay un alto potencial en los recursos energéticos distribuidos, no solo en términos medioambientales, sino como impulsor en la reactivación posterior a la pandemia.
Plantean agenda para la transición energética del país
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá
Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía Bogotá (GEB) presentó una propuesta para impulsar una agenda de transición energética para Colombia en los próximos años, que permita avanzar en la descarbonización y hacer una importante apuesta por el hidrógeno verde.
En el marco del congreso anual de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la entidad, que preside Juan Ricardo Ortega, destacó la importancia de que el país se fije la meta de ser carbono neutro para el año 2035, y lograr acuerdos de cooperación con entidades internacionales como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por su sigla en inglés), en la adopción de mejores prácticas y estándares en la industria colombiana.
Además, el GEB propuso la reposición del parque automotor con más de 20 años y su conversión a la tecnología Euro VI, que en las vías troncales regionales se instalen más estaciones de gas natural vehicular y de gas licuado, fijar tarifas de impuestos y de aranceles según las emisiones de gases contaminantes, y que en la construcción de nuevas edificaciones y espacios públicos se garantice la conexión para vehículos eléctricos.
“Para el Grupo Energía Bogotá es necesario avanzar en la electrificación del país y en entregar soluciones energéticas confiables, limpias y seguras para más de un millón de hogares colombianos que cocinan con leña y se iluminan con velas”, agregó la entidad.
El GEB destacó el interés en desarrollar una apuesta por el hidrógeno verde, al considerarlo fundamental para aprovechar el gran potencial que tienen algunas regiones de Colombia, como la Costa atlántica y, particularmente, el departamento de La Guajira, que puede convertirse en el gran centro energético del país.
Se prevé que en este departamento confluirán proyectos de transmisión eléctrica, parques eólicos y solares y gasoductos como Ballena-Barrancas, por el que se podría transportar el hidrógeno verde al centro del país.
La entidad resaltó que el sector energético es clave para la reactivación económica, ya que los nuevos proyectos representan inversiones por 8 billones de pesos y cerca de 30.000 empleos.
“Para que esto sea una realidad es necesario diseñar políticas públicas para los proyectos de infraestructura de servicios públicos para una nueva asignación de riesgos en convocatorias, subastas y licitaciones, donde el Gobierno asuma un rol más activo en consulta previa y derechos de acceso ambiental”, puntualizó la entidad.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Tomado de El Tiempo
