Este cálculo, hecho por la Superservicios y Planeación, incluye el pasivo pensional y las deudas de la firma.
Mientras la Nación aún intenta resolver cómo sacar a subasta la operación de Electricaribe, desde la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya tienen claro cuánto les costaría a los colombianos asumir las deudas y el pasivo pensional de la compañía.
A través de un decreto, que está aún en borrador, el Gobierno señala que ambos puntos le representarán un impacto económico al país superior a los $2,2 billones, teniendo en cuenta, por un lado, que $1,1 billones provienen del pasivo pensional y prestacional, con corte al 31 de diciembre del 2018.
En tanto, los otros $1,12 billones sería el valor de la deuda de Electricaribe, de acuerdo con la información suministrada por el Fondo Empresarial, con corte al 30 de septiembre de este año, sumado a la actualización de los datos por concepto de inflación.
Ambas cifras, no obstante, podrían variar en lo que resta del año, tanto por variación del IPC como del concepto que, en su momento entregue el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que debe dar su visto bueno final.
Esta asunción de pasivos se realizará con base en un artículo aprobado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que le dio vía libre a que el Gobierno adquiera estas responsabilidades, de tal modo que los nuevas empresas que se escojan no tengan que cancelarlas cuando tomen la operación del servicio en el Caribe colombiano.
“Con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe del país, autorícese a la Nación a asumir directa o indirectamente (…) la totalidad de las pensiones y cesantías, ciertas o contingentes, pagaderas a los pensionados”, así como el pasivo de la firma con el fondo empresarial, correspondiente a las obligaciones en las cuales el fondo haya incurrido o incurra, incluyendo garantías emitidas”, reza la norma.
El Gobierno ya tiene definido que el pago de estas obligaciones las hará a través de un patrimonio autónomo denominado Foneca, que tendrá un plazo de seis meses (una vez se firme el decreto) para empezar la puesta en marcha y su fondeo. Durante ese tiempo –señala un documento soporte del borrador de decreto– “la gestión del pasivo pensional y los pagos correspondientes estarán en cabeza de Electricaribe”, con el fin de que haya “una transición suave derivada de la asunción del pasivo pensional y prestacional (…) por parte de la Nación – Foneca”.
Esto no es menor, si se tiene en cuenta que, según cálculos del Ejecutivo, cubrir este frente le cuesta a la compañía –intervenida por el Gobierno desde finales del 2016– un poco más de $7.000 millones mensuales.
CUENTA PARALELA
Paralelamente, los otros $1,12 billones que le debe Electricaribe al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos también deben ser pagados por la Nación, aunque en este frente las cosas no están tan claras. Así lo revela el documento del Planeación Nacional, que dice que, a diferencia del otro punto, la ley del Plan de Desarrollo “guardó silencio respecto de la forma en la que debe operar la asunción del pasivo que se comenta en este numeral”.
Y agrega que “esto quiere decir que Electricaribe tendrá que continuar con la operación hasta que los nuevos inversionistas – operadores se hagan cargo”.
A pesar de lo anterior, y aunque el documento de soporte de la norma no se especifica, la ley del PND le dio vía libre al cobro de una sobretasa al servicio de energía para los hogares de estratos 4, 5 y 6, y los comerciantes e industriales. De hecho, en las facturas de este mes, los usuarios encontraron discriminado el cobro de esta tarifa adicional, que es de $4 por kilovatio/hora consumido.
Asimismo, en algunos casos, con los recibos llegó una carta que dice “se efectuará el cobro de esta sobretasa (…) y acorde con lo dispuesto por la Superintendencia, para el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, se aplicará el cobro retroactivo, es decir, lo que consumiste entre junio de y octubre de 2019”.
Los cálculos hechos por la entidad señalan que cada mes, por este cobro se recaudarían en total unos $450.000 millones, si se tiene en cuenta que cada año serían $130.000 millones y la tarifa está destinada a pagarse solo hasta el 31 de diciembre del 2022.
Eso sí, mientras esto sucede, la Corte Constitucional tendrá en su cancha el estudio de varias demandas en contra de este artículo, que es clave para salvar nuevamente a Electricaribe.
DEMANDAS, EN ESTUDIO
Actualmente, en la Corte Constitucional hay tres demandas en contra del artículo 313 de la ley del Plan de Desarrollo, que fue el que creó la sobretasa de energía de $4 por kilovatio y que ya se empezó a cobrar, tanto regular como retroactivamente. Una, la más avanzada, está en manos del magistrado Carlos Libardo Bernal, y no solo incluye ese artículo sino otra decena más del PND de Duque.
El argumento principal para pedir tumbar estas normas tiene que ver con que gran parte del país que está pagando estas tarifas adicionales de energía no están recibiendo un beneficio directo por este impuesto y, sí o sí, cuando se cancela un tributo se debe recibir un servicio a cambio, argumentan.
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