El expediente de chuzadas toca la joya de la corona de Bogotá

Grupo de Energía dice que no pidió espiar a contradictores. Firma BRG se pronuncia por primera vez.

El expediente de chuzadas toca la joya de la corona de Bogotá
Esta fue la sede del Grupo de Energía de Bogotá que el CTI inspeccionó, dentro de la investigación por espionaje.
Foto: Archivo EL TIEMPO

Durante cerca de diez meses, el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) guardó prudente silencio sobre su mención dentro del expediente de chuzadas y espionaje corporativo que salpica a otras poderosas empresas como la aerolínea Avianca.

Su cotización en bolsa y el hecho de ser la empresa más rentable y sólida del Distrito –considerada la joya de la corona de la capital– la llevaron a surtir primero un proceso interno para establecer por qué terminó vinculado a este caso.

Pero la revelación de EL TIEMPO –hace 15 días– de que la Fiscalía iba a requerir a sus directivos y la requisa de sus oficinas este martes por el CTI obligó a sus voceros a pronunciarse.

Este jueves informaron que desde marzo se dio por terminado el contrato firmado en el 2018 con la Berkeley Research Group (BRG), cuyo representante en Colombia, Laude Fernández, está siendo investigado por espionaje corporativo.

Sin embargo, EL TIEMPO supo que, desde el 10 de octubre pasado, están inquietos con el tema. Ese día, el GEB le envió a Fernández un correo en el que le exigió explicar cuáles fueron los métodos que usó dentro del contrato, suscrito el 22 de junio de 2018 por 2.200 millones de pesos y cuyo objeto era el apoyo en litigios.

La Fiscalía estableció que, tres días después de firmado el contrato, Lucio Rubio, director de Enel Colombia –grupo que tiene un millonario litigio activo con el GEB– fue interceptado, camuflando su teléfono dentro de un proceso que llevaba la Fiscalía por hurto calificado. Y lo mismo pasó con el abogado Felipe Jaramillo, quien representa a varios privados que tienen pleitos de servidumbre con el GEB.

Laude Fernández respondió el correo seis días después, diciendo que entre sus métodos estaban desde las búsquedas en medios públicos hasta el análisis integral y forense de datos obtenidos por el software Analyst’s Notebook, usado hasta por la Interpol.

Pero a los 15 días fue capturado, y a muchos les inquietó la cláusula que le permitía realizar la “consulta de fuentes confidenciales para obtener información no disponible en otros medios”.

¿Acciones contra BRG?

“Estamos profundamente molestos con BRG y nos sentimos afectados. Actualmente se evalúa pedirle explicaciones a esa multinacional en una instancia formal, y no se descarta iniciar acciones en su contra”, le dijeron a EL TIEMPO voceros del GEB. Y aclararon que el objeto del contrato no fue caprichoso: “Por ser emisor de valores, desde 2008, estamos obligados a realizar estos análisis, seguimientos y evaluaciones”.

De hecho, dijeron que iban a contratar a la firma Control Risk, pero esta se declaró impedida porque estaba trabajando con Enel en Europa. Entonces recurrieron a BRG por recomendación de la firma Brigard y Urrutia, que los asesora en un arbitramento.

Además, porque “tras revisar la experiencia de BRG se encontró que hace parte del top de firmas en el mundo que hacen valoración de riesgos”. La propuesta de BRG llegó el 14 de junio de 2018, y a los ocho días se firmó el contrato.

Pero el GEB es claro en que nunca se ordenó usar métodos por fuera de la ley. Además que, tras terminar el contrato, solo le pagó a BRG 240 millones de pesos.
La Fiscalía evalúa ahora si llama a directivos del GEB para que expliquen qué información les entregó Laude Fernández.

En similar sentido se pronunció BRG. En efecto, esta mañana divulgó un comunicado de prensa en el que rechaza las insinuaciones de que la compañía está vinculada al escándalo de las chuzadas. Y si bien admite que su representante en Colombia, Laude Fernández, está siendo indagado, señala que un juez de garantías lo dejó en libertad, el 2 de noviembre de 2018, y que aún no ha sido condenado por ninguna conducta irregular.
Y aunque no se refiere a las declaraciones que el GEB le dio al EL TIEMPO, sobre posibles acciones en su contra, manifiesta que todos los contratos son legales y transparentes, aunque gozan de confidencialidad.

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Tomado de El Tiempo