Hace cinco años, en el marco de las negociaciones del Acuerdo de París, el país propuso reducir el 20 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero proyectados para 2030. Ahora, está revisando ese compromiso y actualizando su hoja de ruta para cumplirlo. Los colombianos podrán aportar a este proceso a través de una consulta pública que cierra el 26 de octubre.
Sus extensas costas, tres cordilleras, las seis regiones naturales y su ubicación geográfica hacen a Colombia vulnerable al cambio climático. Según el Ministerio de Ambiente, en los próximos años el país podría enfrentarse a una progresiva transformación de su biodiversidad; a la pérdida de cobertura de ecosistemas marinos y costeros, como los manglares; al blanqueamiento de los corales, por la prolongada exposición de los arrecifes a altas temperaturas; a una avalancha en las quebradas vecinas de los páramos, por la erosión de las tierras provocada por cultivos y ganadería intensiva; a una disminución en las coberturas de los glaciares, como el nevado del Ruiz, afectando la disponibilidad de agua, y a un aumento del nivel del mar. La buena noticia es que desde 2015 existe un plan para reducir y enfrentar esta problemática.
Las consecuencias de la crisis climática que enfrenta el mundo, como sequías, inundaciones, olas de calor o contaminación del aire, están relacionadas con las actividades cotidianas. Los hábitos de producción y consumo, que implican la generación de gases de efecto invernadero (GEI), provocaron que la temperatura del planeta aumentara de manera alarmante respecto a los niveles históricos del siglo XX. Y, al ritmo que vamos, en poco tiempo el planeta no aguantará más calor acumulado. Diversos estudios elaborados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) encontraron que, desde la era preindustrial hasta 2017, la temperatura promedio de la Tierra aumentó 1 °C. El IPCC, creado en 1988, es la plataforma científica más exhaustiva sobre cambio climático y ha fungido como actor clave para determinar las rutas de acción de cada nación.
En ese esfuerzo de entender las causas, repercusiones y estrategias de respuesta para enfrentar la crisis ambiental han surgido varias respuestas, como la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el primer tratado internacional que buscó estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera, firmada en 1992. Después vino el Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, que tuvo como objetivo limitar y reducir las emisiones de seis GEI. Y el más reciente e importante en la actualidad es el Acuerdo de París, aprobado el 12 diciembre de 2015 en la COP21. En esta ciudad, 197 países se comprometieron a implementar acciones para mantener el aumento de la temperatura global en este siglo muy por debajo de los 2 °C (y ojalá debajo de los 1,5 °C).
Colombia y los demás Estados que se suscribieron, se plantearon una serie de estrategias de mitigación, para reducir emisiones GEI; adaptación, para poder enfrentar los efectos del cambio climático y medios de implementación; es decir, las condiciones habilitantes que deben darse en educación, fortalecimiento de capacidades, planeación, ciencia, tecnología y financiamiento para ayudar a cumplir esa desafiante meta. Y le dieron el nombre de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
El compromiso de Colombia
Hace cinco años, en su primera NDC, Colombia se comprometió a reducir el 20 % de sus emisiones de GEI proyectadas para 2030, teniendo como punto de partida el inventario de emisiones nacionales de 2010, y a aumentar esa disminución a un 30 % si recibía apoyo internacional. Según el análisis que en ese momento hizo el Ministerio de Ambiente con el apoyo de la Universidad de los Andes, una reducción del 20 % en las emisiones era el escenario más acorde según las circunstancias nacionales y teniendo en cuenta los retos pendientes por superar en términos de crecimiento económico, manteniendo grandes beneficios, pues las medidas priorizadas en este compromiso tenían un costo de US$20 por tonelada de CO2 reducida.
En París también se pactó que cada cinco años se realizaría un balance mundial para determinar cómo ha avanzado el cumplimiento de los objetivos, razón por la cual cada uno de los países suscritos deberá actualizar con esa misma periodicidad su NDC con una meta igual o más ambiciosa a la que inicialmente se planteó. Hasta el momento, trece países la han presentado, y Colombia, que lleva años preparando su actualización y desde septiembre 2019 lo está haciendo oficialmente, ha abordado de manera participativa el proceso.
En estos meses, el Ministerio de Ambiente con el apoyo del DNP ha liderado una serie de mesas de trabajo en las que cada sector evaluó sus proyecciones y acciones frente al cambio climático como parte de la actualización. Estas acciones deben empezar a consolidarse como parte de los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales, una herramienta de planeación que justamente se creó para que los sectores consoliden sus apuestas de acción climática. Con los actores territoriales también se crearon espacios de este tipo, pues es fundamental que la acción climática se implemente desde los territorios. Y esas acciones territoriales se han venido consolidando en los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales.
Unas cuantas de las metas y acciones planteadas en la actualización de la NDC de Colombia son: contar con instrumentos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que contribuyan a reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al cambio climático, específicamente en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), detener la deforestación, trabajar en movilidad eléctrica, diversificar la matriz energética y aumentar la eficiencia energética en el sector industrial. Y, a diferencia de 2015, los sectores de transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria están presentado acciones concretas de acción climática para su cartera. Estas son algunas de las metas propuestas.
En el caso del sector de vivienda, por ejemplo, se estableció desarrollar acciones para la adaptación al cambio climático en el 30 % de los municipios priorizados por susceptibilidad de desabastecimiento en temporada seca y de lluvias. Además, deberán alcanzar 68 % del tratamiento de aguas residuales urbanas domésticas. Para el sector de salud, a 2030, el 40 % de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público implementarán acciones de adaptación ante los posibles eventos asociados por variabilidad y cambio climático. Y en energía, a 2025, el sector tendrá un proyecto de adaptación basado en ecosistemas que ayude a las empresas del sector a asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Además, el 10 % de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de comercio, industria y turismo implementarán estrategias, acciones o proyectos de adaptación al cambio climático. En la agricultura incluirán consideraciones de cambio climático en los instrumentos de planificación del sector agropecuario, y en transporte adoptarán tres herramientas para mejorar los sistemas de información geográfica de la infraestructura de transporte para la gestión del riesgo. Aunque estas propuestas están incluidas en la hoja de ruta que se estableció luego de una serie de talleres en los que participaron 854 personas, aún no son definitivas.
Ahora, luego de más de un año de calcular cuál es la meta de reducción de emisiones que el país puede comprometerse a cumplir, con base en una serie de acciones y medidas de mitigación, adaptación y medios de implementación, el proceso se encuentra en su fase más determinante: aquella donde los ciudadanos podrán aportar.
La nueva ruta de acción climática
El Gobierno nacional, con el apoyo del Banco Mundial y WWF Colombia, trabaja en espacios de participación para que los expertos, ciudadanía y actores territoriales puedan conocer la NDC en proceso de actualización y aportar a esta. Una serie de expertos en el tema fueron consultados a través de una encuesta especializada en la que tuvieron la oportunidad de dar su concepto sobre cada uno de los elementos del documento de actualización. Adicionalmente, desde el 6 de octubre, en la página del Ministerio está disponible una consulta pública en línea en la que cualquier ciudadano puede consultar el documento y dejar sus comentarios (estará abierta hasta el 26 de octubre). Y, por último, esta semana inician unos diálogos con organizaciones afros, campesinas e indígenas para socializar el tema y recibir aportes. Todo para que, a partir de esa retroalimentación, el equipo técnico pueda identificar oportunidades de mejorar la actualización de la NDC.
“La revisión de nuestros compromisos nacionales es una oportunidad para reforzar nuestra acción climática en un escenario de recuperación económica verde, justa y resiliente que el país debe impulsar en respuesta a los impactos económicos y sociales del COVID-19. Cuantos más actores participen, más sólido será el proceso, respondiendo a los principios del Acuerdo de París y a las necesidades regionales y locales de Colombia”, señala Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales de WWF Colombia.
Lo que viene
Colombia deberá presentar el documento definitivo antes de que finalice el año a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y este se publicará en febrero de 2021. Una vez aprobado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (la instancia nacional que establece políticas, criterios y acciones para dar cumplimiento a los objetivos frente al cambio climático), el país deberá avanzar con la implementación y la puesta en marcha de las políticas, acciones, medidas e inversiones necesarias para lograr la meta que se trace a 2030. También tendrá que consolidar la formulación y finalización de la estrategia de neutralidad de carbono para 2050. Y, a partir de 2024, deberá reportar cada dos años el progreso en la implementación hacia el logro de la meta que se fije.
“Estamos seguros de que la actualización de nuestra NDC será una de las más completas que hayan sido sometidas hasta el momento; producto de un proceso de construcción conjunta, definiendo acciones específicas en materia de mitigación, adaptación y con medios de implementación que serán los catalizadores para lograr nuestros objetivos”, asegura el ministro de Ambiente, Carlos Correa.
Este año es clave para abordar la crisis climática que enfrentan la naturaleza y los humanos. El año en que cada país que está comprometido con responder ante esta amenaza define cómo lo hará. Al ritmo al que vamos, la siguiente década debe comenzar con un cambio sustancial si se quieren evitar noticias como que la humanidad ya ha alterado el 75 % de la superficie terrestre y el 66 % de los océanos o que un millón de especies están en peligro de desaparecer.
Tomado de El Espectador
