Por: Portafolio
Tecnologías que hoy se toman el mundo –como el internet de las cosas o el 5G– podrían ser una realidad a corto y mediano plazo en Colombia, gracias a un decreto que tiene en la puerta del horno el Gobierno.
Al frente de esta norma están los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Hacienda, así como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que pretenden ampliar el espectro de las asociaciones público – privadas (APP) a la rama justamente de las TIC.
Meses atrás, la idea ya venía rondando el interés del Gobierno Nacional, pero con la aprobación de la ley de modernización de este sector –sancionada en julio pasado–, comenzó la contrarreloj para reglamentar el uso de las APP en las TIC, de tal modo que más temprano que tarde entren los privados a operar las diferentes redes que tiene el país, a través de contratos de concesión.
De hecho, la norma determinaría que la figura de contratación aplicaría cuando se le “encargue a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura”.
CONCESIONES
Cada contrato, no obstante, especificará los niveles de servicio y estándares de calidad que deberán cumplir los concesionarios, aunque habría unos mínimos de cumplimiento, que tendrá que definir el Mintic.
Según Gale Mallol, presidenta del gremio Asotic, “esto abrirá la puerta para que los privados ayuden a dinamizar los sectores de manera transversal. Es decir, estamos seguros que la diversificación de los usos de la tecnología es una realidad y este decreto ayuda a darle el empujón final. Ya tenemos la Ley TIC, tendremos la subasta de espectro y si tenemos el decreto de las APP, el entorno digital será más completo”.
En su concepto, dar este paso permitiría que el país tenga, a mediano plazo, el soporte necesario para llevar a cabo proyectos de internet de las cosas, redes 5G, movilidad basada en inteligencia artificial y blockchain, entre muchos otros.
Y es que, según la directiva gremial, el proyecto soluciona de forma completa las dudas sobre la compatibilidad entre el régimen de asociaciones público – privadas y la posibilidad de que el concepto de infraestructura pública incluye la de tipo tecnológica, hasta hoy por fuera del marco institucional.
Con esto, cada proyecto de las TIC que se realice vía APP tendría inversiones de entre $700.000 millones y hasta $2 billones.
No obstante, desde Asotic han sugerido que “teniendo en cuenta el valor de las inversiones que pueden desarrollarse en un proyecto de infraestructura tecnológica comparado con la construcción de una carretera o un aeropuerto, creemos conveniente que se modifique para los proyectos de infraestructura tecnológica el valor mínimo de las unidades funcionales (tramos en que se dividen), respetando su contenido conceptual”.
Actualmente, el piso de estas unidades es de 100.000 salarios mínimos (unos $82.000 millones), pero existen algunos sectores, como cultura o educación, en los que hay valores diferenciales.
ÓPTICA PRIVADA
Esta petición está siendo revisada por una mesa técnica dentro del Gobierno, que también analiza cerca de 30 propuestas de cambios que hicieron la Andi, Andesco, el Banco Popular y la firma Claro.
El gremio de los empresarios, por ejemplo, pide que se expida una reglamentación especial para el sector TIC, “que permita el desarrollo de proyectos de despliegue de infraestructura para la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones”.
Por su parte, Andesco, propone dar mayores claridades en materia de inversión y de indicadores mínimos de calidad, pero también pide que se tenga en cuenta la ampliación del plazo del contrato como un mecanismo de compensación de recursos.
Es importante destacar que el borrador de norma aclara que en cada proyecto deberá tener determinar la tasa de obsolescencia tecnológica que aplique a la infraestructura entregada a los privados, por cuenta de que algunos activos tienen esta característica, que implica que con el paso del tiempo comienzan a deteriorarse o tener un menor desempeño.
Asimismo, en el proyecto se detalla que los privados con acceso a información sensible de los ciudadanos deberán cumplir con reglas mínimas –que se plasmarán en los contratos–, de tal modo que durante el tiempo que dure la concesión, se cumpla con la ley de protección de información, y una vez termine el proyecto, culmine el uso y aprovechamiento de estos datos.
YA HAY VARIAS IDEAS EN ESTUDIO
“La ruta de la equidad digital está en marcha, ya es una realidad. En este primer año de Gobierno, hemos trabajado en el marco que nos permitirá beneficiar al 100% de los municipios del país con alguno de nuestros proyectos, para que la conectividad sea realmente una herramienta para cerrar las brechas”.
Con esta frase concluyó hace poco una presentación la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, donde aseguró que se están abriendo las puertas para que más proyectos se realicen en el país.
De hecho, y a pesar de que las normas siguen en estudio, en el banco de iniciativas de Planeación Nacional ya se han radicado siete propuestas para realizar APP en el sector TIC. De estas, solo una fue rechazada, pero las otras avanzan y hacen fila para recibir el visto bueno.
Una de estas pretende dar acceso universal de televisión satelital, de tal modo que este servicio llegue a zonas que hoy no tienen cobertura. Otra le daría vía libre a la digitalización y almacenamiento de la información de Registros Públicos de la Superintendencia de Notariado, y que los sistemas que manejan esta entidad y las notarías sea el mismo.
Una iniciativa más desarrollaría el sector espacial y la infraestructura satelital, de tal modo que esta pueda ser usada por el Gobierno, pero también permitiendo que el país despegue en estas tecnologías.
Finalmente, en materia de transporte, se le daría luz verde a que el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) dé el salto pleno a lo digital, y sus datos puedan usarse para planificar, diseña, construir, financiar e implementar planes, que, por ejemplo, servirían para caracterizar a deudores morosos o potenciales peligros en las vías.
