Un cliché muy repetido en estos días es que la pandemia ha transformado nuestras vidas. Falta que el tiempo determine qué tan drásticos y duraderos son estos cambios. No obstante, por ahora, uno de los más afectados ha sido el transporte de pasajeros en todas sus modalidades y quizás el cambio más llamativo se registra en el transporte urbano donde las habituales aglomeraciones han desaparecido casi por completo. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, se alcanzó a registrar una reducción del 87% de la demanda del servicio, con las lógicas consecuencias económicas.
Motivados en gran medida por el miedo al contagio, los ciudadanos han optado por otros medios de transporte: caminar y pedalear. Este cambio es positivo y ojalá permanente, pero no es suficiente para pensar que todos los problemas de movilidad urbana se resuelven pintando más kilómetros de ciclorrutas. Los cambios que se requieren son más estructurales y profundos para poder virar definitivamente hacia la movilidad sostenible.
Para mantener el terreno ganado en términos de movilidad activa gracias al uso de la bicicleta, se hace necesario seguir mejorando en infraestructura y en educación vial. Actualmente, algunas ciclorrutas se han ejecutado sin tener en cuenta la experiencia del usuario, terminando súbitamente en medio de calles con alto tráfico, lo que va en detrimento de la seguridad del biciusuario.
Pero más allá de estas medidas transitorias, entre los requerimientos prioritarios en términos de movilidad debemos pensar en una planeación urbana orientada al transporte que minimice la necesidad de kilómetros recorridos mediante el uso mixto de suelo y una densidad más adecuada. Esta respuesta no es una novedad, pero es una información importante para tener en cuenta a la hora de replantear los planes de ordenamiento territorial, como en el caso de Bogotá.
En este sentido, una propuesta clara con un impacto tangible es incentivar la permanencia de los colegios, tanto públicos como privados, en las zonas residenciales. Los altos impuestos prediales han obligado a algunas instituciones educativas, sobre todo privadas, a migrar a las afueras de las ciudades, en el caso de Bogotá algunos se concentran en el norte. Esto trae un impacto fuerte en la movilidad urbana, pues las rutas escolares deben aumentar la distancia recorrida generando más contaminación y atascos. Tampoco sobra decir que los estudiantes deben pasar más horas transportándose, afectando su descanso y recreación.
Una fórmula sencilla y lógica para garantizar la adecuada distribución geográfica de los colegios, será la exoneración o reducción significativa del impuesto predial para las instituciones que permanezcan al interior de las ciudades. Esta medida estaría justificada por el impacto positivo que trae a la movilidad urbana.
Quizás la pandemia sea el momento adecuado para dar el giro a la movilidad sostenible pues ahora somos más abiertos al cambio.
Augusto Garrido
Tomado de La República
