Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Cuando los ciudadanos eligen por falsas promesas sin importarles el resultado, aumenta el riesgo de perderse la institucionalidad y democracia al desechar la objetividad para permitir la compra del voto.
Equivocarse no es delito, pero gobernar con corruptos e incapaces es responsabilidad exclusiva del gobernante y, por tanto, será juzgado por sus acciones, resultados y omisiones. Nombrar personas incompetentes o con señalamientos de corrupción para distraer la opinión pública y aumentar la polarización en favor de su candidato, con participación impune de funcionarios y el uso indebido del presupuesto, sobrepasa cualquier experiencia del pasado que tanto había criticado el mandatario.
Está claro que si hay voto a conciencia, no tendrá forma de ganar las elecciones, de ahí que esté poniendo en tela de juicio el proceso para no aceptar el resultado.
Sin duda el país está peor que hace cuatro años, ad portas de racionamientos de energía y gas, crisis de agua y saneamiento y una recesión autoinducida por ideologizar la acción gubernamental, impactando la economía. Lo observamos en la salud, la paz total, la soberanía energética, y en un largo etcétera de desaciertos. Gracias a los pesos y contrapesos, se han mitigado los daños colaterales a pesar de los continuos ataques contra la institucionalidad y las distintas ramas del poder público que le incomodan.
La búsqueda de la paz no puede volverse licencia para fortalecer grupos al margen de la ley, como ha ocurrido en Colombia y el último ejemplo es Bogotá, con un líder de un grupo criminal que terminó siendo gestor de paz.
Contadas excepciones, pasamos de ministros prestantes de todas las vertientes políticas, a personas sin conocimiento que solo obedecen sin cuestionar las decisiones y que entre más errores y daños generan en su sector, más se atornillan a sus carteras.
La cereza del pastel, la prepotencia y falta de respeto del ministro de Hacienda con sus obligaciones, descalificando y vetando a la Junta del Banco de la República, sin priorizar el pago de las deudas estatales y mucho menos lograr coordinar, articular y defender sus propuestas de política monetaria y macroeconómica, incubando una crisis fiscal que explotará al inicio del próximo Gobierno.
En Colombia no tenemos soberanos ni dictadores, tenemos un régimen presidencial que está obligado a cumplir la ley y la Constitución.
Ante este punto de quiebre de alto riesgo, empresarios, gremios y ciudadanía en general tenemos que seguir unidos para evitar que se destruya nuestro Estado Social de Derecho, que respeta la propiedad privada para seguir avanzando y cerrar brechas. Por supuesto siempre perfectible, pero construyendo sobre lo construido.
Está en nuestras manos evitar el caos y el retroceso. Las instituciones quedan y los gobiernos pasan. ¡No es el momento de callar por miedo!
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