Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
La expedición del nuevo marco tarifario de acueducto es el ejemplo perfecto de una institucionalidad irresponsable sin oportunidad de participación efectiva, agravada con un texto aprobado muy diferente al que fue sometido a consulta. Esto es una ruptura con los principios básicos de una regulación técnica y transparente.
El nuevo esquema tarifario impactará a todos los usuarios urbanos del país; como novedad se incluyen actividades relacionadas con medio ambiente, gestión de riesgo, compromisos sociales, metas operativas estrictas y, en contraste, reducen costos directos que son esenciales para la expansión de calidad del servicio. De manera populista se anuncia que va a haber una reducción tarifaria. Es una típica maniobra argumentativa, ya que, en términos económicos, equivale a pretender ampliar el gasto reduciendo los ingresos.
El servicio siempre ha incorporado el control de pérdidas. En la normativa expedida, se parte de una premisa equivocada al imponer un estándar único que equipara todos los sistemas, lo cual no es posible. Recordemos que las pérdidas se deben en parte a fugas, daños en redes, margen de error en la medición y fraudes; pero imponer metas uniformes es técnica y financieramente inviable, todo un absurdo.
Cambiar los esquemas de reconocimiento de las inversiones es una invitación a no hacerlas. Muestra de ello es la remuneración del capital invertido, al acercarlas a niveles comparables con instrumentos financieros de bajo riesgo como un CDT, desconociendo la naturaleza de un servicio complejo de largo plazo y con fuerte riesgos. Lo que desincentiva la expansión y modernización de la infraestructura en un país que aún enfrenta retos importantes para cerrar brechas y mejorar coberturas.
Como si esto no fuera suficiente, también se define un cronograma de implementación imposible de cumplir y sin soportes. Dan solo dos meses para hacer todos los ajustes requeridos en evaluación de costos e inversiones, elaboración de modelos, ajustes en sistemas, entre otros; lo que es inviable. Este tipo de decisiones no solo aumentan la probabilidad de errores, sino que terminan afectando negativamente a los usuarios.
La sostenibilidad de un servicio esencial como es el agua no permite improvisaciones. Un marco tarifario debe garantizar equilibrios entre la suficiencia financiera para asegurar la prestación, eficiencia para proteger al usuario y señales claras para la inversión.
Romper ese equilibrio puede ser popular ahora, pero costoso en el mediano y largo plazo.
Por último, no sobra recordar que en servicios públicos, cuando la tarifa deja de reflejar los costos reales, lo que sigue es su deterioro. Estamos seguros de que el tiempo nos dará la razón y será responsabilidad exclusiva de quienes promovieron este marco. Ojalá no tengamos que decir: ¡Bienvenidos al pasado!
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