- El país solo alcanza un 50,7 % de avance en el ODS 6, lejos de las metas de cobertura y saneamiento básico.
- Se requieren $126 billones en inversión, incluidos $28 billones para tratar aguas residuales en 58 municipios priorizados.
- Sin embargo, la ejecución de inversiones del Ministerio de Vivienda en proyectos de agua ha sido de tan solo el 7.2 % de los recursos asignados en los últimos tres años.
- Señales regulatorias, tarifarias y de ejecución están limitando la inversión y retrasando proyectos estratégicos.
- Andesco propone una nueva Agenda Nacional del Agua.
En el marco del 6.º Seminario de Acueducto y Alcantarillado, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – Andesco- advirtió que Colombia enfrenta un rezago estructural en agua potable y saneamiento básico que compromete el desarrollo social, la salud pública y el cumplimiento de los compromisos internacionales del país.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, se requieren alrededor de $126 billones, una cifra que refleja la magnitud del desafío que enfrenta el sector. Solo en materia de tratamiento de aguas residuales, 58 municipios priorizados por su impacto sobre los recursos hídricos demandan inversiones cercanas a $28 billones al 2050, en un contexto donde los recursos disponibles no crecen al ritmo de las necesidades.
Sin embargo, la ejecución de inversiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en proyectos de agua, ha sido en promedio de tan solo el 7.2 % de los recursos asignados en los últimos tres años.
“El agua no puede seguir tratándose como un gasto sectorial más o como instrumento político. Es infraestructura económica, es salud pública, es equidad territorial y es adaptación climática. Donde llega el agua, llega desarrollo; donde falta, se estanca el futuro”, afirmó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.
Además, se alerta que las señales actuales de política pública, regulación y financiación no están alineadas con estos retos estructurales. En particular, el proyecto de nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado, aplicable a 163 grandes prestadores que atienden cerca del 84 % del mercado nacional, reduce de manera significativa la tasa de remuneración del capital, pasando de rangos entre 12,28 % y 12,76 % en el esquema vigente a niveles cercanos al 9,5 % – 10,5 %, lo que equipara el riesgo de invertir en este sector a niveles tan de bajo riesgo como tener los recursos un CDT, desconociendo las necesidades intensivas de capital para ejecutar la inversión, el tiempo que se requiere para recuperar los recursos e invertidos y la situación de país.
“Los marcos tarifarios del sector de agua potable y saneamiento básico no pueden definirse desde la ideología ni desde el populismo. Son decisiones técnicas que duran entre cinco y diez años y una mala definición puede costarle al país la suficiencia financiera de las empresas, frenar la inversión y alejar a Colombia del cumplimiento del ODS 6, poniendo en riesgo la sostenibilidad del servicio público más importante para los colombianos: el agua.” indicó Camilo Sánchez.
A esta situación, se suma la baja ejecución de proyectos estratégicos. Durante los últimos cuatro años, iniciativas prioritarias en territorios como Buenaventura, La Guajira y Mocoa, así como proyectos de saneamiento de aguas residuales municipales, presentan avances limitados o incluso nulos, evidenciando que el principal cuello de botella no es la planeación, sino la ejecución efectiva y oportuna de los recursos.
“En los últimos tres años y gracias a una gestión técnica, responsable y financieramente sólida de las empresas de servicios públicos, se ha avanzado en cobertura, calidad y continuidad del servicio, se han sostenido las obras en las regiones y se ha mantenido viva la economía, demostrando que sin recursos no hay inversión y sin inversión no hay futuro para los servicios públicos.” concluyó Camilo Sánchez.
En este contexto, se reitera que el desafío del sector no es técnico ni de capacidad operativa, sino de prioridad país, y se plantea la necesidad de construir una nueva Agenda Nacional del Agua. Se trata de una visión de largo plazo —de al menos 20 a 30 años— que reconozca al agua como infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la salud pública, la adaptación al cambio climático y la equidad territorial. Todo esto con seguridad jurídica e incentivos para la inversión.
Esta agenda debe articular inversión pública y privada, establecer señales regulatorias estables y financieramente viables, fortalecer esquemas de regionalización, mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos y garantizar la sostenibilidad de los servicios, especialmente en zonas rurales y dispersas, para cerrar de manera definitiva las brechas históricas del sector.
Por último, se espera que esta agenda debe ubicar al agua como columna vertebral del desarrollo nacional, articulando Estado, territorios y prestadores para pasar del diagnóstico a la ejecución y cerrar de manera definitiva las brechas sociales y ambientales del país.
