Camilo Sánchez, Presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
El anuncio de reformar el régimen de servicios públicos, leyes 142 y 143 de 1994, lo hizo hace más de un año el recién posesionado presidente Petro en el cierre del congreso de Andesco, pareciendo desconocer los grandes avances logrados sectorialmente en calidad, cobertura y eficiencia.
Desde ese momento, nuestra actitud ha sido generar todos los puentes con los ministros que tienen relación directa con el sector, al igual que con el superintendente de Servicios Públicos, para concertar temas y no dar un peligroso salto al vacío.
Un primer logro es que, en las mesas de trabajo conjuntas con Gobierno, empresarios y usuarios, se ha llegado al consenso de que no hay que hacer un borrón y cuenta nueva, sino construir sobre lo construido, preservando los principios centrales de las leyes y, por supuesto, actualizando los elementos tecnológicos que se requieran y modificando algunos temas que por su obsolescencia deben ser eliminados.
Un segundo acuerdo consiste en mantener los principios fundamentales de la normativa, como lo son la participación libre, bajo el régimen de derecho privado, en condiciones de competencia de los prestadores de los servicios públicos, privados o mixtos, reafirmando el rol del Estado como generador de política pública, regulador y vigilante; garantizar la sostenibilidad financiera y la solidaridad con un esquema de redistribución de ingreso, lo más progresivo posible.
De la misma manera, le demostramos al Gobierno que los ajustes en TIC deben ir en las leyes especiales del sector, ya que no corresponden a servicios públicos domiciliarios.
Otro gran avance consiste en clarificar que los mínimos vitales se incluirán, pero financiados por presupuestos territoriales y nacionales, entregados con la focalización adecuada a las personas que realmente lo requieran, evitando los colados.
Igualmente, hemos propuesto que los esquemas sancionatorios se actualicen técnicamente y con la adecuada dosimetría, sin generar montos exorbitantes que puedan deteriorar la capacidad del prestador del servicio. También se propone el fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos para que sea más eficiente, con énfasis en la prevención sin intromisión y no en la sanción.
Finalmente, uno de los retos importantes será cerrar brechas entre lo urbano y lo rural, promoviendo la prestación del servicio por parte de organizaciones comunitarias, con el control y vigilancia adecuados.
Quedan todavía muchos temas sensibles y controversiales, por lo que más que rapidez en la presentación de esta ley requeriremos argumentos técnicos y cifras confiables para sacar avante esta tarea. Vemos que la concertación está dando sus frutos y seguramente lograremos la mejor actualización de las leyes, para seguir llegando a coberturas universales, generando la mejor nivelación social posible, entregando servicios públicos de calidad en todos los rincones de nuestro país, sin arriesgar la sostenibilidad de las empresas, ni su prestación. Todo esto basados en acuerdos, sin imposiciones ni dogmatismos. ¡Más vale pájaro en mano que ciento volando!
