Portafolio conoció anticipadamente el paquete de iniciativas del sector privado para que el país logre la recuperación.
on la crisis, que se ha reflejado en el decrecimiento de la economía y el mayor desempleo, el sector privado ha identificado que son ocho los cuellos de botella que se deben superar para levantar la inversión, variable que hoy está de capa caída y que es clave para la recuperación.
El planteamiento es parte de un documento de 139 páginas del Consejo Gremial Nacional, conocido por Portafolio, llamado ‘Agenda Empresarial para la Reactivación’.
El análisis, dice, es un insumo de política pública que “contiene un conjunto de propuestas de oferta con enfoque transversal y con enfoque sectorial, y un grupo de acciones que desde los componentes de la demanda, como el consumo, la inversión y las exportaciones, contribuirán a dinamizar la economía y la generación de empleo”.
El documento deja en claro que buscan complementar los esfuerzos del Gobierno para la reactivación. Así, hace propuestas transversales en infraestructura pública, acceso al crédito, subsidios y beneficios, trámites y procedimientos, fortalecimiento institucional y encadenamientos y desarrollo empresarial.
LA INVERSIÓN ADICIONAL
Para los gremios, una arista clave del documento es la dinamización de los proyectos del sector privado, aunado a nuevos montos que aporten el Gobierno y las empresas para priorizar o expandir procesos productivos en el corto plazo. Este objetivo está enmarcado en que en los últimos años ha perdido el ritmo de la inversión.
Si bien entre 2011 y 2013 creció 8,0%, de 2014 a 2016 lo hizo en 3,0% y de 2017 a 2019 avanzó un 2,6%. Y concluye que “esta desaceleración generalizada en la inversión tocó fondo en el contexto de la pandemia de la covid-19 con la mayor caída en el último siglo, con una contracción anual de -32% en el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior”.
Dado el diagnóstico, el Consejo Gremial dice que no solo es necesario recuperar los niveles de inversión pre-pandemia, sino buscar estrategias públicas y privadas que le den un impulso.
Con ese fin, calculó con Fedesarrollo el potencial de inversión que realizaría el sector privado en la próxima década. Los gremios lograron documentar 378 proyectos y se definió que al 2031 el monto de este gasto ascendía a $394,4 billones de 2019, mientras que entre el 2021 y el 2025 alcanzaría los $355 billones.
Esta inversión tiene dos componentes. Uno relacionado con los planes de las empresas antes de la crisis sanitaria y, el otro, que es el que se propone destrabar, corresponde a iniciativas restringidas por ‘cuellos de botella’ y que, para efectos del estudio, es inversión adicional. De las iniciativas, 187 son del segundo grupo. Permitir que se concreten supondría la inyección de $41,4 billones de 2019 entre 2021 a 2031.
Al medir el impacto que pueden tener, el estudio advierte que “el crecimiento adicional promedio anual por cuenta de la inversión adicional sería del 0,7% para el periodo 2020-2031”. Y agrega que “se tiene que por un choque de inversión adicional de 0,4% del PIB anual en la próxima década, la economía colombiana crecería 0,7 puntos porcentuales adicionales al año. Esto quiere decir que por cada 1% del PIB en inversión anual en la próxima década, el PIB tendría un avance de 1,5 puntos porcentuales adicionales cada año”.
“Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayor parte de los recursos se invertirían en los próximos cinco años, dado que el objetivo es tener un escenario en el que el sector privado contribuya significativamente a la reactivación. Para el periodo 2021-2025 la inversión adicional anual sería en promedio de 0,9% del PIB, lo que generaría un crecimiento adicional promedio de 1,2 puntos porcentuales cada año para este lapso”, añade.
¿CÓMO LOGRARLO?
Para hacer realidad esa inversión adicional, el Consejo Gremial considera que “el Gobierno debe adoptar medidas de política pública que remuevan los obstáculos existentes”.
El primero de ellos tiene que ver con barreras de tipo administrativo. Cita, por ejemplo, inconvenientes para la “validación de protocolos de bioseguridad para la visita de inversionistas, y para aprobar los actos administrativos y licencias ambientales que ya habían sido otorgados antes de la validación del Consejo de Estado de las tutelas de las comunidades.
El segundo obstáculo es de articulación institucional. Los gremios creen que falta coordinación entre diferentes entidades estatales alrededor del mismo proyecto. Al respecto, apunta a la necesidad de mayor seguridad jurídica a contratistas, dificultades logísticas para la ejecución de los proyectos, altos costos e incertidumbre por demoras en trámites aduaneros.
Como tercer ‘cuello de botella’ se señalan requerimientos sanitarios. Dice que con el inicio de la pandemia se han presentado dificultades para dar continuidad a las obras por el establecimiento de protocolos de bioseguridad en los municipios, lo cual ha restringido la operación y podría verse reflejado en el retraso de los contratos.
Igualmente, advierte como una cuarta traba los cambios en la normatividad, lo que afecta especialmente al sector de infraestructura.
El quinto factor que impide la inversión son las restricciones legales, que abarca preocupaciones sobre licenciamiento ambiental y suspensiones de contratos por parte del Consejo de Estado. Otro punto sensible para nuevos desarrollos productivos son las consultas previas. Para los gremios, falta agilidad para tramitarlas y más pedagogía entre las comunidades.
La consecución de recursos es el séptimo obstáculo. Aquí se mencionan demoras de las entidades que participan en proyectos y dificultad para encontrar nuevos socios inversionistas de carácter privado.
Por último, el Consejo Gremial dice que existen dificultades para el comienzo del proceso de estructuración de un proyecto.
Tomado de Portafolio
