Opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos

7 Febrero 2018

La Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’. Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano.

 San José, Costa Rica, 7 de febrero de 2018.- La Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’, en su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’, notificada el día de hoy.

Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano. En el ámbito interamericano se encuentra regulado, tanto por lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, como en el artículo 26 de la Convención Americana, que contiene los derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, el Tribunal destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La Opinión Consultiva, que surgió por la Solicitud formulada por el Estado de Colombia el 14 de marzo de 2016, también determinó las obligaciones estatales para protección del medio ambiente. Entre otras cosas, destacó que los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y que esto puede incluir, según el caso en concreto y de manera excepcional, situaciones que van más allá de sus límites territoriales. En el mismo sentido, los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos.

Asimismo, la Corte Interamericana estableció las obligaciones derivadas de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente. Particularmente, determinó que los Estados deben:

– prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos; – actuar conforme al principio de precaución

actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica; – cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales significativos;

prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos;

– actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica;

– cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales significativos; – garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente;

– garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y

– garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente.

La Corte recordó, demás, que conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los estándares establecidos en esta Opinión Consultiva.

Puede encontrar el texto íntegro de la Opinión Consultiva aquí y el resumen oficial aquí. En el marco del proceso, que es ampliamente participativo, se recibió 51 observaciones escritas por parte de Estados, organismos estatales, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos. Puede encontrar los escritos aquí. También, el 22 de marzo de 2017 se celebró una audiencia pública en Ciudad de Guatemala, donde la Corte recibió las observaciones orales de 26 delegaciones. Puede acceder al video de la audiencia aquí.

La composición de la Corte para esta Opinión Consultiva fue la siguiente: Juez Roberto F. Caldas (Presidente); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Vicepresidente); Juez Eduardo Vio Grossi; Juez Humberto Antonio Sierra Porto; Jueza Elizabeth Odio Benito; Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, y Juez L. Patricio Pazmiño Freire.

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Bruno Rodríguez Reveggino prensa@corteidh.or.cr

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